Pese a que el Tribunal de Garantías Penales de Tungurahua dictara la condena de 19 años de prisión en contra de un exservidor del Cuerpo de Bomberos de Quito, por ser el presunto responsable de la violación de una aspirante, dicha sentencia no se puede ejecutoriar.

El delito se registró en abril de 2021, mientras la afectada realizaba el curso de navegación terrestre en la academia de Ambato y del cual estaba a cargo el sentenciado. Al caso se lo denominó Victoria.

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El abogado que lo defendía apeló a la decisión de los jueces a pocos días de la resolución, en noviembre de 2022, y desde entonces, ha sido un martirio para la defensa y para la víctima del caso.

La abogada Johanna Orbe explicó que el defensor del presunto violador no se presentó a la audiencia de apelación, en diciembre. Luego de eso, el sentenciado ha cambiado de abogado cuatro veces y “ellos han dilatado la diligencia judicial en cinco ocasiones”.

La última fue el jueves 11 de mayo, en la que el defensor se justificó a último momento que no podía ir a la audiencia porque tenía problemas en el estómago. “El secretario de la Corte me llamó, que ha ingresado un escrito a las 12:40 y el acto judicial era a las 14:30”.

Orbe no entiende por qué los abogados dilatan tanto la audiencia si “ellos fueron los que apelaron. Nosotros solo estamos esperando que se ejecutorie la sentencia”.

La razón principal para la defensa es para que el implicado sea llevado a una prisión porque aún sigue libre y se desconoce su paradero. Desapareció días antes de la audiencia de juzgamiento. Según el expediente, tiene prohibición de salir del país, “pero pudo haberse ido por pasos irregulares a otro lugar”, afirmó Orbe.

Diario EXTRA se contactó con el abogado del sentenciado, pero hasta el cierre de esta edición no respondió.

Desesperación y salida

Esto mantiene en vilo a la víctima, de 20 años, quien trabaja en un destacamento del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Mira, en la provincia de Carchi. Mediante su abogada, la mujer denunció que era acosada por otros oficiales, quienes al parecer la persiguen con comentarios ofensivos. “Le dicen que ella denunció por plata o porque ‘no le paró bola’”.

La joven todavía tiene problemas ansiolíticos y por eso está con psicólogo.

Para solucionar la situación y darle tranquilidad a la víctima, Orbe realiza un escrito para presentarlo a la Fiscalía de Tungurahua en esta semana para iniciar una acción judicial en contra del defensor del sentenciado por fraude procesal.

“Tenemos pruebas de que el último certificado médico que presentó es falso”. Además, realizará una petición a la Corte Provincial de Tungurahua para que verifiquen dicho certificado.

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