El caso conocido como Triple A, que investiga una presunta estructura de corrupción en torno al manejo irregular de derivados de hidrocarburos, suma un nuevo capítulo. La justicia ha convocado formalmente a la audiencia de vinculación penal contra Aquiles Álvarez, actual alcalde de Guayaquil, y otros implicados, dentro de una causa por el presunto delito de tráfico de combustibles.

Esta es la fecha para la audiencia de vinculación contra Aquiles Álvarez

La diligencia se realizará los días miércoles 9 y jueves 10 de abril de 2025, a las 08:30, en el Complejo Judicial Norte de Quito. Según consta en el oficio judicial N.º 00872-2025, al que tuvo acceso EXTRA, la Fiscalía señala a los investigados de estar relacionados con el delito tipificado en el artículo 264 del Código Orgánico Integral Penal, sobre almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles.

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Además de Álvarez, la convocatoria incluye a al menos once personas naturales y una empresa. La audiencia se celebrará de forma presencial, y la Defensoría Pública deberá garantizar la presencia de al menos tres defensores para cubrir posibles ausencias.

Caso sonado en Ecuador

El caso Triple A —nombre que ha resonado durante los últimos meses— involucra una serie de presuntos actos ilícitos que, de acuerdo con la Fiscalía, afectaron directamente a los recursos del Estado mediante redes de distribución ilegal de combustibles, especialmente en la zona costa. Álvarez, quien se ha mantenido al frente de la Alcaldía de Guayaquil desde mayo de 2023, deberá enfrentar este proceso judicial mientras ejerce su cargo, en un contexto político y social especialmente sensible para la ciudad.

¿Qué sanción implica el delito por el que se investiga a Aquiles Álvarez?

El artículo 264 del COIP establece penas privativas de libertad para quienes almacenen, transporten, envasen, comercialicen o distribuyan de manera ilegal productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles. La norma contempla una sanción de cinco a siete años de prisión, cuando el delito se comete sin la debida autorización o incumpliendo las regulaciones vigentes.

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Además, la pena puede agravarse si se demuestra que la actividad ilegal fue cometida por funcionarios públicos, que se afectaron instalaciones estratégicas del Estado o que existió participación de organizaciones delictivas. En esos casos, los implicados podrían enfrentar penas más altas, inhabilitación para ejercer cargos públicos y la obligación de reparar los daños ocasionados al Estado. La ley también autoriza el decomiso de bienes e instrumentos usados para cometer el delito.

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