El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, mantiene su estrategia para evitar que la Fiscalía le formule cargos por la supuesta comercialización ilegal de combustible a través de sus empresas Copedesa, Corpalubri y Ternape Petrolium S.A.

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El funcionario solicitó al juez de la causa, Jairo García que cierre la instrucción fiscal. “En observancia de los principios de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, consagrados en la Constitución de la República del Ecuador, y en estricto cumplimiento de las normas procesales que rigen el presente proceso, respetuosamente, solicito que se declare la conclusión de la instrucción fiscal toda vez que el plazo legalmente establecido para su desarrollo ha fenecido”, escribió.

También le advirtió al juez de que él no puede ser procesado. “En virtud de lo expuesto, cualquier intento de vinculación procesal fuera del tiempo legalmente establecido en el COIP es nulo de pleno derecho, pues su práctica afectaría los principios de seguridad jurídica, legalidad y tutela judicial efectiva. Permitir que se vincule a un procesado una vez fenecido el plazo de la instrucción fiscal no solo violenta el orden jurídico ecuatoriano, sino que además representa un grave atentado contra la estructura misma del proceso penal y los derechos de la defensa”.

Las tácticas legales

Álvarez ha hecho tres movimientos para esquivar la audiencia de vinculación, que fue solicitada el 28 de febrero, dentro de la instrucción fiscal. El primer paso fue pedir el diferimiento de la audiencia a través del cambio de abogados de último momento, uno de estos incluso presentó un certificado médico con el que aseguró tener un problema de hemorroides. El segundo movimiento fue empujar al juez Jairo García para que abandonara el proceso a través de la contratación del defensor Diego Córdova Raza, que a su vez es abogado del juez en una investigación previa por el caso Fachada. García presentó una excusa el pasado 11 de marzo.

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Y, ahora, solicita al juez que ya se ha excusado del caso que declare el fin de la instrucción fiscal, pese a que según la Constitución, artículo 195, la Fiscalía es la dueña de la acción penal, por lo tanto es la encargada de dar por terminada o no su instrucción fiscal.

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