‘Viva México Cabrones’ es el nombre del usuario que habría enviado dinero al abogado Lenín Vimos, para que realizara pagos a varias personas encargadas de ‘comprar’ la libertad de peligrosos reos en el Ecuador. Uno de los beneficiarios, con una transacción de 10 mil dólares, habría sido el juez Ángel Lindao, de Santo Domingo de los Tsáchilas.

El magistrado fue destituido el 30 de enero de 2024, después de que lo procesaron por el caso Metástasis, debido a que se consideró como “infracción gravísima de manifiesta negligencia” el favorecimiento que hizo en 2022 para que recuperara sus bienes el narcotraficante Leandro Norero, quien fue asesinado en la cárcel de Latacunga el 3 de octubre de ese año.

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Lindao, quien estaba con medidas cautelares de presentaciones periódicas, fue detenido la madrugada del miércoles 3 de abril de 2024 en Santo Domingo, dentro de un nuevo caso de delincuencia organizada, llamado Plaga. El jurista Vimos también fue aprehendido.

Este último se encontraba en la cárcel 4, del norte de Quito, porque cumplía en ese lugar la prisión preventiva que ordenaron en su contra el pasado 16 de enero por el delito de lavado de activos, pues fue encontrado con un bolso que contenía 11 mil dólares. Él alegó que 6 ‘lucas’ eran de su cuenta y que el resto del dinero le pertenecía a su suegra. Sin embargo, fue procesado.

Él argumentó que viajaría a Argentina para estudiar, mientras que los investigadores consideraron que pretendía fugarse del país. En el acta de esa audiencia se resumen los detalles que coinciden con la descripción de este nuevo caso abierto por la Fiscalía.

De acuerdo con el Ministerio Público, esta presunta red se encargaba de ejecutar acciones ilícitas para el otorgamiento de acciones constitucionales a reos, para que salieran de las cárceles a través de “argucias jurídicas y del abuso del derecho”.

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Esta organización estaría conformada por policías, funcionarios y exfuncionarios públicos (también del sistema penitenciario), abogados en libre ejercicio, secretarios y jueces del sistema judicial.

En el expediente contra Vimos se detalla que el dinero habría sido enviado por alguien desde un Centro de Detención Provisional (CDP), “por lo que existen vínculos con los grupos terroristas”.

Además, en ese proceso (en relación a otro implicado) se señala que habría recibido giros de dinero desde México, utilizando terceras personas para el retiro en una reconocida compañía transnacional de envíos.

El abogado Lenín Vimos ha sido relacionado con el prófugo Fabricio Colón Pico Suárez, líder de Los Lobos, a quien él incluso habría mencionado en conversaciones con el siguiente texto: “Colón Pico fue quien dio la orden para matar a la fiscal general del Estado”. En otro texto se nombra a Diana Salazar.

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Estas actividades ilícitas no tendrían ‘permiso’ en las leyes, según Julio César Cueva, abogado constitucionalista. El jurista fue quien capacitó a funcionarios en 2014, cuando este cuerpo legal entró en vigencia en el país, por lo que asegura que no posee vacíos que hayan permitido llevar a cabo los delitos por los que son señalados algunos jueces y otros empleados públicos.

“El COIP no tiene nada que ver. Con este los condenaron y fueron a la cárcel. Pero abusando de las acciones de garantías jurisdiccionales (que se alojan en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional), que permiten los habeas corpus, los liberaron”, asevera.

Además, sostiene que la ley no tiene “ninguna culpa”. “El problema en Ecuador no son las leyes. Las leyes las aplican personas, y si las personas se corrompen, no hay nada que hacer”, enfatiza.

Finalmente, él espera que se apliquen sanciones que sienten un buen precedente contra quienes se hayan corrompido, según lo que ha dado a conocer la Fiscalía. “Soy sincero: no conozco una norma en la que se les quite la licencia para seguir ejerciendo como abogados de por vida. Esa debería ser la sanción”.

Hernán Ulloa Parada, exmagistrado de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), asegura que lo que ha llevado a cabo la Fiscalía es un “hito histórico”.

El experto, quien estuvo al frente de la primera sala de lo penal de la CNJ, considera que el ‘destape’ de estos casos puede servir para la reorganización integral de la justicia. “Deberían ser personas apolíticas, pero hasta el día de hoy son recomendadas de las mafias políticas y así no se sanea el sistema”, advierte.

Además, para Ulloa, lo sucedido es una “cacería de ratas” en la que se debe exterminar a estos agentes de contaminación, pues son nocivos, para así tener una justicia eficiente.

“No es posible que personas que delinquen sean premiadas con sentencias absolutorias y otras, que son inocentes, sean sancionadas. La justicia debe ser transparente, no como una bolita de cristal en la que se refleja lo que la persona desea ver”.

Finalmente, él sostiene que deben aplicarse reformas en la Constitución y en el COIP, puesto que ambos son “prodelincuenciales”. “Son dos instrumentos que impiden claridad en las decisiones judiciales. Más bien permiten que el juez tenga una amplia gama para sancionar. Esto no se debe hacer a libre albedrío”.

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