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Caso Metástasis: ¿Ecuador es considerado un narcoestado?
EXTRA consultó a expertos para conocer sus perspectivas de esta operación. Recomiendan trabajar con minuciosidad y que el Gobierno aplique estrategias
Pablo Ramírez es un general en servicio pasivo de la Policía Nacional que durante su carrera fue considerado un miembro destacado, recibiendo incluso condecoraciones (ver infografía), pero aun así fue detenido la madrugada del jueves 14 de diciembre de 2023, al igual que otras 30 personas, por el delito de delincuencia organizada, en la denominada Operación Metástasis.
Este caso surgió de la extracción de información de los celulares del narcotraficante Leandro Norero, asesinado en la cárcel de Cotopaxi el 3 de octubre de 2022. El capo criminal estaba detenido desde el 25 de mayo de ese año y, según la información expuesta por la fiscal general del Estado, Diana Salazar, el capo habría recibido favores de parte de Ramírez.
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El entonces oficial activo cumplía funciones administrativas para el Estado como director del Servicio Nacional de Atención Integral Personas Privadas de la Libertad (SNAI). En conversaciones telefónica de Norero se habría mencionado que Ramírez evitó que lo llevaran a la cárcel de máxima seguridad conocida como La Roca, en Guayaquil.
Pero esa no fue la única vez que Norero lo nombró, pues existe un video en el que se dirige a él. “Qué tal, mi general Pablo, un gusto saludarlo. No hemos tenido la oportunidad de conocernos personalmente, pero la exposición y la persona que tengo aquí al lado me ha hablado maravillas de usted”, dice el Patrón (así lo llamaban), en referencia a Claudia Garzón, excomisionada de pacificación en las cárceles, junto a quien aparece en la grabación.
Ella, incluso, es quien empieza hablando: “Mi Pablito querido, buenos días, me encuentro en Latacunga y acá estamos con Leandro que quiere saludarte, conversar contigo”. Claudia Garzón fue señalada en un informe policial de mantener una presunta relación cercana a los líderes de Los Choneros. Ella argumentó que era parte de su trabajo como mediadora para conseguir la paz, algo que no se logró.
El sistema
Kléber Carrión, oficial retirado de la Policía y exdirector del sistema penitenciario en Santo Domingo, indica como experto que este caso debe ser investigado a detalle, para establecer si Pablo Ramírez realmente llegó a cometer un delito, porque de la información que es pública se conocería que solo se cuenta con los chats y los partes policiales.
Sin embargo, aclara que de encontrarse elementos claros de que él llevó a cabo alguna acción para favorecer a Norero, así sea con un ventilador, debe ser sancionado por la ley. Carrión menciona que el ser director del SNAI lleva a mantener contacto con criminales, porque estos buscan dialogar con los encargados de las prisiones. El especialista explica que el sistema obliga a tratar con delincuentes, porque ellos tendrían el control de las cárceles, pero hay que cuidarse de no cometer infracciones penales.
Decisión política
El maestro Ramón Celaya, especialista mexicano en inteligencia y seguridad, ha estado pendiente de la evolución criminal en Ecuador y explica que lo evidenciado en este caso refleja la debilidad institucional en los procesos de selección de funcionarios para cargos públicos. Para él, está claro que la situación de Ecuador se ha deteriorado con los años, sobre todo en el tema de la violencia criminal y en el control que hay desde las cárceles.
Celaya opina que pese a la corrupción de funcionarios, autoridades, policías, militares, entre otros, aún no se puede decir que el país se convirtiera en un narco-Estado. Precisa que esto es muy grave, sobre todo por los presuntos vínculos con narcotraficantes, pero todavía sería un tema que no abarca a todas las entidades del Estado y tampoco en todas las ciudades. No habría un control total.
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No obstante, advierte que si el Gobierno no continúa con acciones similares a las de este operativo, eliminando a quienes protegen a los narcos, el país podría llegar a ser tomado completamente por el crimen organizado. Celaya sostiene que las mismas facilidades que brinda el país para el tráfico de drogas, por su tamaño, las tienen las autoridades para definir acciones que les permitan combatir de mejor forma a la delincuencia. “Todo pasa por la decisión política”.
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