El 7 de octubre de 2023 concluirá la etapa de instrucción en el caso Fernando Villavicencio. Durante ese tiempo, la Fiscalía aún está en la facultad de recabar elementos y tomar versiones que ayuden a esclarecer el asesinato, ocurrido en el norte de Quito dos meses antes, la tarde del 9 de agosto, luego de un mitin que hacía parte de su campaña a la Presidencia de la República.

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Por ese motivo, representantes del movimiento político al que pertenecía (Construye) acudieron a las 10:30 del miércoles 27 de septiembre a la Fiscalía General del Estado, en la capital, para pedir que se realicen todas las diligencias necesarias, incluyendo la toma de versión y análisis del teléfono celular de Diego Vallejo Cevallos. 

Él fue asesor del exministro del correísmo José Serrano, y ha entregado un documento a la Fiscalía para decir que tiene información que ayudaría en las pesquisas y que se relacionaría con personas aliadas a su exjefe. Esa solicitud formal se encuentra en proceso.

Quienes no han querido rendir sus declaraciones en este caso son los trece procesados por el asesinato, pues cuando han sido llamados a dar sus versiones se han acogido al derecho al silencio. Ellos no pueden ser obligados a hablar, porque este tipo de diligencias son consideradas “libres y voluntarias”.

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Antonio López, abogado representante en este caso, explica que la Fiscalía ha avanzado en la investigación y que incluso se han recabado más de 50 versiones a familiares, amigos, personas del buró político, policías, entre otros. Y reitera que los únicos que no han querido hablar han sido los presos. No obstante, para el 28 de septiembre se tenía previsto que seis de los trece investigados digan algo ante las autoridades, pero el jurista señala que es probable que la situación se repita: que se queden en silencio.

Más de 20 teléfonos celulares han sido analizados, menciona López, pero aún no han sido entregados los informes que podrían contener información valiosa para el caso. El representante legal precisa que la mayoría de estos dispositivos son de los sicarios y personas relacionadas a ellos. Lo que tampoco se ha determinado, hasta el cierre de esta edición, es quién o quiénes fueron los autores materiales del asesinato.

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Patricio Carrillo, asambleísta electo, apuntó hacia los líderes de un movimiento político al hablar de la responsabilidad de la planificación del crimen. Sin embargo, pese a las reiteradas preguntas de aclaración, no quiso dar nombres. Aseguró que ya todos, supuestamente, lo sabían.

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