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Los bares escolares son los negocios afectados de manera directa con las clases virtuales. Quienes los administran insisten en una prórroga.Archivo / EXTRA

¡Ni para los caramelos!

Arrendatarios de bares escolares de la zona 8 piden una prórroga. Los administradores esperan una resolución de la Subsecretaría de Educación.

Por José Pizza

1 de noviembre, 2020

Desde mayo pasado, Yonel Angulo labora como taxista informal para llevar el sustento a su hogar. Está consciente que en cualquier momento se le ‘puede cargar’ algún vigilante y que el vehículo vaya al canchón, pero no le toca otra que arriesgar.

Angulo, de 48 años, es una de las víctimas de la paralización nacional, en octubre del 2019, y de la pandemia del COVID-19. Tiene la administración de uno de los bares escolares de un plantel fiscal de Los Vergeles, norte de Guayaquil, negocio del que hasta febrero generaba tres empleos directos.

Si bien las clases se mantienen virtuales, los arrendatarios están preocupados porque no tienen claro si les cobrarán las cuotas mensuales por los sitios que permanecen cerrados; o peor aún, que sea un motivo para no renovar el contrato.

En ese dilema también está Bryan Ascano, que tras estar al frente de un local de una escuela de las calles 11 y Gómez Rendón y dar trabajo a cuatro personas, ahora entrega alimentos a domicilio con la ayuda de su motocicleta.

Víctor Poveda es representante de la Agrupación de Bares Escolares de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón). Comenta que los aproximados 2.000 establecimientos crean directamente unas 10.000 fuentes de trabajo.

Manifiesta que por la paralización de octubre caducó la mayoría de los productos. La situación se complicó con los feriados de noviembre y diciembre.

Tomando como referencia esta situación, Jorge Palma, asesor legal del gremio, considera oportuno que la Subsecretaría de Educación firme las resoluciones administrativas.

Palma recuerda que en enero último se reunieron con directivos de la Subsecretaría para lograr un convenio de pago, vigente desde el inicio del período lectivo 2020-2021, previsto para mayo. “Pero como es de conocimiento público, las clases presenciales siguen suspendidas, por lo que se pide una prórroga hasta el próximo año”, indicó.

El Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos y Sindicales (Cedhus), organismo que ha vigilado las solicitudes, emitió ayer un comunicado en el que afirma que hasta el momento hay un acuerdo con el Ministerio de Educación para la renovación de los contratos.