Luego de un mes de la explosión en las calles Décima y la 8va. del Cristo del Consuelo, los damnificados del barrio reflexionan sobre lo ocurrido y señalan que se sienten burlados e impotentes, pero al mismo tiempo resignados porque consideran que una vez más el olvido tocó sus puertas y las ayudas prometidas quedaron solo para quedar bien.

Los moradores del sitio, también conocido como la calle 8, dicen estar “rodeados de maldad”, porque tan solo a dos calles existe un sector al que hace algunos años se lo denominó el barrio 10/10 o también la ‘bahía de la droga’, por la intensidad del microtráfico y constantes disputas de sectores.

“Al menos en esta calle no tenemos problemas de hacheritos, somos unidos en ese aspecto, ¿pero cómo salir de aquí? Si por ejemplo la casa perteneció a mi abuela, mi madre le puso otro piso y yo me encargo ahora de ponerla decente, con baldosas, etc., es un proceso de años. Y de repente pasa esto y se vuelve a comenzar de cero. Para que siga el bien y cambie este sector, debe pasar al menos una generación. La bomba fue porque justamente tenemos limpio de mal este lugar”, recalca Fiama Mercado, quien es una de las damnificadas y posee una discapacidad en sus piernas. Además, es psicóloga y está desempleada desde hace un año.

El atentado terrorista desencadenó la declaratoria del estado de excepción en la ciudad de Guayaquil. La medida fue renovada el pasado 14 de septiembre para otro mes, porque no se detiene la escalada de violencia, pero también hacen un llamado para que cumplan lo prometido.

“Históricamente las zonas marginales afro han sido ignoradas, por eso somos los más pobres de los territorios, no tenemos las mismas oportunidades. Hay un racismo estructural y nos toca luchar para lograr condiciones dignas”, analiza Ángel Sinisterra, otro de los afectados, quien ahora usa una plancha de eternit como puerta principal para entrar a su casa.

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) entregó ya 15 bonos de contingencia a las personas que, según los estudios, calificaron para recibirlos. El rubro es de $ 265,33 y se otorga por única vez para la reparación de las viviendas afectadas por los siniestros que puedan ocurrir.

“Sí, yo recibí el dinero para reparar la casa, pero mi hermana está internada en el hospital Guayaquil porque quedó gravemente herida y ahí se me fue el bono, comprando de todo, porque ni gasa hay. Antes que la casa está la salud”, resalta Sinisterra.

Otra realidad que molesta a los perjudicados es la confusión y descoordinación que hay entre el Gobierno central y el Municipio de Guayaquil. Consideran que les deben indicar si realmente los van a ayudar, porque caso contrario necesitan avanzar en conseguir materiales y dinero para la obra antes de la temporada invernal.

“El mismo Estado está en crisis, porque no saben qué hacer con el país”, comenta Vanessa Franco, una damnificada que también es abogada y lidera la organización de los afectados para acudir este miércoles a una reunión con Manuel Samaniego, concejal municipal del distrito 3.

El objetivo es que les den una respuesta ante el “juego de la gallinita ciega”, porque desde el Gobierno central les han dicho que no los pueden ayudar más porque no tienen título de propiedad, sino de posesión.

Enfatiza que por ese papel pagan impuestos prediales y alcantarillado y más rubros a pesar de no tener los servicios básicos. “Sabemos que los ofrecimientos responden a la campaña electoral. Lo que queremos es que nos digan los lineamientos para legalizar y no tener problemas en el futuro, porque realmente es probable que no nos ayuden, solo quieren lucirse en la prensa”.

Cuestionan, además, que la legalización de terrenos no está en sus prioridades, puesto que su interés está en “el negocio” de los nuevos planes habitacionales municipales.