En las profundidades de la red social Telegram opera un grupo anónimo que ha encontrado un nuevo nicho para sus actividades ilícitas: la venta de billetes falsos en Ecuador, conocidos en este submundo como ‘billetes G5’.

(Lea también: ¿Por qué usuarios reportan alza en las facturas de energía? CNEL responde)

EXTRA constató que, utilizando memes y narcocorridos en videos en TikTok, este grupo ha logrado captar la atención de sus clientes en un chat con más de 4.500 miembros, quienes, atraídos por la ambición, buscan la manera de obtener dinero de manera fácil.

“Ofrezco billetes G5 de alta calidad que superan todas las pruebas bancarias, como la prueba de plumón, prueba UV, prueba magnética y números de serie reales”, ofrece un mensaje automático del administrador del grupo al consultar sobre cómo adquirir el producto.

Los interesados en conseguir estos billetes falsos deben realizar una compra mínima de 100 dólares, recibiendo a cambio 320 dólares en billetes fraudulentos. La máxima inversión es de 900 dólares, por la que se recibirían 4.800 dólares, de acuerdo con el mensaje.

En el grupo y en redes sociales, los administradores publican constantemente contenido llamativo que exalta la vida ostentosa y el lujo, donde predominan los fajos de billetes y supuestos comentarios de gente agradecida por el ‘favorcito’.

Para completar su engaño, en aquel grupo se utilizan imágenes de guías de envío de la empresa Servientrega, para generar confianza en sus víctimas. De esta manera, hacen creer que sus productos son entregados de forma segura y confiable, aprovechando la reputación de la compañía para legitimar su negocio ilícito.

Cristóbal Ibarra, encargado de la seguridad de Servientrega Ecuador S.A., informó a este Diario que todos los administradores de las agencias están en la obligación de revisar y abrir cada paquete que les llega. Luego, estos deben pasar otro filtro en el centro de distribución en la matriz, en Guayaquil, donde son revisados con escáneres de metales y, en ocasiones, con canes de la Unidad Antinarcóticos de la Policía Nacional.

Sobre el caso de estos billetes, Ibarra explica que se realizaron investigaciones internas y determinaron, a través del número de una guía que aparece en las imágenes del chat en cuestión, que correspondía a unos audífonos enviados de forma legítima, es decir que no tiene relación con billetes falsos. De esta forma, desmintió que su empresa colabore con estos estafadores.

(Además: Guayaquil: Los meses en cárcel y la multa contra sentenciados de robo a cajeros)

Acotó que ciertos individuos han intentado enviar paquetes con marihuana y hasta balas dentro de parlantes, pero que al detectarlo, el equipo correspondiente se contacta con la Policía para que sus agentes determinen qué hacer.

Desde el pasado 5 de abril EXTRA ha solicitado una entrevista al departamento de Comunicación de la Policía Nacional, para conocer si se realizan investigaciones relacionadas con esta práctica, pero hasta el cierre de esta publicación no se ha recibido respuesta.

En la madrugada del 26 de abril, las Fuerzas Armadas desmantelaron una red de falsificación de billetes en Quinindé, Esmeraldas, presuntamente vinculada al grupo terrorista Los Choneros.

Cinco días después, en Quito, la Policía Nacional arrestó a dos personas que operaban una fábrica ilegal de billetes con una sofisticada impresora.

Estos operativos han sacado a la luz lo que parecía ser solo una estafa en línea, revelando apenas la punta del iceberg de este tipo de crímenes.

Willy A., capturado el 23 de abril en Pascuales por abusar de dos menores de edad y publicar los videos, difundía sus crímenes en Telegram, según la policía. Además, en una publicación de EXTRA, mujeres famosas en Ecuador reportaron ser “desnudadas” mediante inteligencia artificial por usuarios que comparten y venden estas imágenes en esta red social rusa.

Telegram también funciona como un depósito donde miles de usuarios participan en grupos con libros, películas y revistas piratas. De hecho, un juez en España ordenó el bloqueo de esta aplicación a las operadoras de telecomunicaciones locales, por este motivo.

Esta plataforma de mensajería no censura este tipo de contenidos como otras redes sociales. Por ejemplo, el 16 de abril los datos personales de más de 6 millones de argentinos quedaron expuestos en Telegram luego del hackeo que sufrió el Gobierno en el sistema informático que se usa para otorgar las licencias de conducir.

El abogado Steven Reyes, magíster en Derechos Humanos y Derecho Penal, explica a este Diario los tres posibles escenarios legales que podrían enfrentar los responsables del grupo de Telegram dedicado a la venta de billetes falsos. La clave radica en determinar si la transacción se completa o si se trata de una estafa.

En el caso de que la venta sea solo ‘cuento’ y no se entregue dinero falso, sino que solo se lo ofrezca para obtener beneficio a través de transferencias o depósitos (comprobantes) sin entrega del producto, el abogado explica que podría ser considerado como estafa, con una pena de cinco a siete años de cárcel según el artículo 186 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

(Lee también: ¿Qué dice la familia de Valeria Sacoto a una semana de su fallecimiento?)

“En su defecto, si no existe documentación (comprobante) pero, por ejemplo, la persona dice ‘nos encontramos en tal lugar y te entrego tanto’, lo que implica que no hay transacción bancaria, podría acarrear un tema de abuso de confianza”, argumenta Reyes. En caso de que el sospechoso sea acusado de abuso de confianza, el abogado sostiene que de acuerdo con el artículo 187 del COIP, la pena sería de uno a tres años de prisión.

No obstante, si se comprueba que se está comercializando dinero falso y se completan las transacciones, Reyes señala que se trataría de un delito contra el régimen monetario, lo cual conlleva una sanción de uno a tres años según el artículo 304 del COIP.

Cabe destacar que si los responsables del grupo se dedican a la fabricación, falsificación o adulteración de moneda de curso legal, el delito se agrava considerablemente. El artículo 306 del COIP establece una pena de hasta siete años de cárcel para este tipo de actos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!