Ua promesa renace: controlar la venta de uniformes policiales. No es la primera vez que las autoridades tratan de hacerlo, coinciden dos expolicías. Es ‘cuento’ viejo. Lo cierto es que criminales cometen delitos usando esta indumentaria para amagar a sus víctimas. Eso significa que tienen acceso a las prendas, mientras hay agentes que irónicamente sacan billete de su bolsillo para adquirirlas.

En Guayaquil existen algunos sitios en los que se ofrece esta ropa. La misma ciudad guayasense en donde el pasado 21 de enero de 2023 se frustró un secuestro en el que participó un individuo uniformado como si fuera agente.

El negocio es legal e informal a la vez. Hay ‘agachaditos’ en las veredas contiguas a unidades policiales y militares, como el Cuartel Modelo, en donde el piso sirve de vitrina para exhibir accesorios para policías. Pero cerca de estos puestos ambulantes también hay locales que sí pagan impuestos y tienen permiso de funcionamiento, como dos en la ciudadela Chemise, detrás del recinto policial.

Luis Genaro Jaigua es propietario de uno de estos comercios. Él es un suboficial retirado y asegura que para vender primero exige la credencial al cliente para asegurarse que realmente es policía.

“Como soy uniformado en servicio pasivo, además, les hago preguntas para ver si tienen los conocimientos mínimos”, explica.

En el sitio hay estanterías con chalecos antibalas, botas, camisetas y demás productos. A la entrada hay un mostrador de vidrio que tiene una hoja pegada con cinta en la que puede leerse: “la venta de uniformes e insignias será con su respectiva credencial”.

Álex Ramírez labora en el otro local del sector. Asimismo, dice que la venta es con carné en mano. Añade que máximo se puede comprar dos uniformes por persona.

Ambos lugares de la Chemise fueron visitados el miércoles 25 de enero por Lorenzo Calvas, gobernador del Guayas, y Manuel Cucalón, intendente de Policía.

“¿Tiene un registro de las personas que adquieren uniformes?”, preguntó Calvas a Ramírez. La respuesta fue que había un listado del año pasado, pero en 2023 aún no se elaboraba uno.

¿Y EL PROVEEDOR?

Previo a esas visitas, en un comunicado, la Gobernación del Guayas detalla que “a diferencia de las Fuerzas Armadas y CTE (Comisión de Tránsito del Ecuador), que sí cuentan con un proveedor específico de sus uniformes, la Policía Nacional no lo tiene y los adquiere en cualquier lugar donde los elaboran sin control alguno. De allí el uso de dichas prendas para delinquir”.

A través de un correo electrónico, EXTRA consultó a la Dirección Nacional de Comunicación Organizacional y Estratégica de la Policía Nacional cómo se realiza actualmente la dotación de uniformes al personal, si cuentan con uno o varios proveedores y si, de haber estos, existen locales comerciales externos autorizados para comercializar la vestimenta, entre más consultas. Hasta el cierre de este reportaje no hubo una respuesta.

Gustavo Cabezas, coronel en servicio pasivo, quien laboró en las filas policiales hasta el 1 de octubre de 2019, refiere que durante el último año que estuvo en funciones no recibió nuevos uniformes.

“Hasta el final, cuando estuve, ya no entregaban. Nos daban chalecos, pero uniformes no (...). A los policías les tocaba recurrir a sus propios recursos para poderse uniformar bien”, comenta.

Calcula que un policía, si no recibe el conjunto de prendas al inicio del año, podría tener que invertir, en promedio, 1.000 dólares. En cambio, de acuerdo a los precios de los locales, un solo atuendo de gorra, camisa caqui, pantalón verde y botas puede alcanzar los 247 dólares (ver infografía a continuación).

Cuenta que hace más de 15 años, la Policía contaba con una fábrica propia para elaborar prendas y que cada año el personal recibía una caja con los conjuntos de ropa que tenían que utilizar.

“Todo lo que salía de ahí estaba con códigos. Se sabía el destino, a quién llegaba, había un control y menos establecimientos de estos de venta de uniformes (...). Las prendas que ya estaban viejas se las entregaba, porque eran recicladas”, recalca.

Considera que la institución nuevamente debe confeccionar las prendas o, al menos, establecer un convenio con una empresa para elaborar los uniformes, pero incorporando tecnología como el código QR a cada pieza, para tener el detalle de a quién y en dónde fueron entregadas.

Abraham Correa, general en servicio pasivo, coincide con Cabezas en que la Policía debe retomar las fabricaciones, no solo para que los servidores estén con la indumentaria que requieren, sino para prohibir la venta en locales externos. En su criterio, esto permitiría que se reduzca la posibilidad de que bandas delictivas puedan adquirir prendas.

“A todos esos talleres de confección nunca les han hecho control, ya viene de hace mucho tiempo. Eso se logró mermar con las mismas fábricas de las instituciones y se abastecían de acuerdo a las necesidades”, expresa.

Recomienda que la ropa tenga un chip incorporado, de manera que también pueda ser localizada en caso de que existan malos elementos que la estén facilitando a los pillos. Aunque él cree que los hampones las sacan más de talleres clandestinos.

El exoficial enfatiza que esas soluciones poco sirven si no hay un control, por ahora condicionado a una decisión radical que, como en otros problemas del país, “se toma solo cuando pasa algo”.

ÚLTIMOS CASOS 

A más del intento de secuestro del 21 enero, con un individuo uniformado fingiendo ser policía, el 21 de enero seis sujetos vestidos con prendas similares a las policiales asesinaron a Carlos Kada en una hacienda en Pedro Carbo, provincia del Guayas. A la víctima mortal ya habían intentado darle ‘vire’ dos veces en Guayaquil.

El 13 de enero, en cambio, un grupo de delincuentes uniformados como policías y fingiendo un allanamiento ingresaron a cuatro viviendas de una hacienda, ubicada en el recinto Corredor, de la parroquia Junquillal, en el cantón Salitre, provincia del Guayas. Entre dinero en efectivo y demás pertenencias de los perjudicados, se sustrajeron unos 20.000 dólares.

El 10 de noviembre de 2022, supuestos uniformados secuestraron y asesinaron a un abogado, en Samanes 1, en Guayaquil.