Un informe del Observatorio Ciudadano de la Universidad Casa Grande (UCG) revisó el primer año de gestión de Aquiles Álvarez como alcalde de Guayaquil y confirmó lo que la ciudadanía ha estado denunciando: que las obras y compromisos prometidos no se han cumplido completamente.

De acuerdo con los resultados del análisis, realizado con el apoyo financiero del National Endowment for Democracy y la asesoría de FARO Ecuador, existen deudas pendientes en áreas relacionadas con los planes de vivienda, seguridad y desarrollo económico.

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En el ámbito de vivienda, por ejemplo, la administración de Álvarez no ha logrado consolidar una estructura institucional adecuada para desarrollar programas habitacionales, señaló Clara Carrillo, del equipo académico. “Hubo avances, como la ordenanza para liquidar Vivienda EP, pero la valoración se ha considerado ‘medianamente satisfactoria’ porque no se reasignan sus competencias a una nueva dirección. Todavía eso no lo conocemos, no es público”, afirmó.

Los autores del informe presentado en el campus universitario recordaron que una de las propuestas del actual alcalde era comercializar el 100 % de las viviendas incluidas en sus programas. Sin embargo, hasta diciembre pasado solo se logró comercializar el 53,43 % y se entregó apenas el 35 % de lo previsto, según la rendición de cuentas de Álvarez.

Esta valoración insatisfactoria se justificó en su momento debido a la situación que enfrenta Vivienda EP en su proceso de liquidación, argumentando que aún se están resolviendo problemas heredados de administraciones anteriores. No obstante, el Observatorio recomendó hacer transparente la información, ya que los avances en materia de vivienda carecen de claridad.

“Mi mamá, por ejemplo, siguió el proceso para obtener su casa en uno de los planes de Vía a la Costa. Fue aprobada, hizo un préstamo, pero ahora no sabe qué pasará. Todo ha quedado en pausa. No tiene respuestas”, comentó la guayaquileña Daniela García.

La implementación del Plan Integral de Convivencia Ciudadana y Política Criminal, así como la redefinición del papel de la Policía Metropolitana, cuyo desempeño ha suscitado numerosas críticas, fueron también aspectos evaluados.

La académica Mónica Véliz sostiene que Aquiles Álvarez no ha logrado consolidar sus propuestas en la realidad del gobierno. Destaca que la promesa de crear la Policía Ciudadana e incorporar 1.400 nuevos agentes de control municipal hasta diciembre de 2025 no se ha cumplido ni siquiera en un porcentaje mínimo. Aunque la Alcaldía ha anunciado la incorporación de 700 agentes, estos todavía se encuentran en proceso de capacitación.

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En efecto, los objetivos del plan integral para la paz, seguridad y convivencia ciudadana, uno de los proyectos lanzados por Segura EP para combatir la violencia, no se han cumplido. A diario se reportan muertes, secuestros y extorsiones. Además, para el 94 % de la población encuestada en el estudio, la seguridad debería ser una prioridad para el Cabildo, lo cual no está siendo así.

Durante la presentación del informe, cuyo objetivo es proporcionar información clara sobre la situación en Guayaquil para fomentar la participación ciudadana y fortalecer el proceso democrático, Luis Patiño, miembro del Observatorio, se centró en exponer los hallazgos relacionados con el ámbito económico.

Destacó que Álvarez propuso fomentar emprendimientos en las centralidades urbanas y explicó que encargó a la Empresa Pública para la Gestión y Competitividad (Épico) la ejecución de estas acciones, asignándole un presupuesto de 1,6 millones de dólares. La meta para 2024, precisó, era incubar 500 negocios; sin embargo, hasta la fecha solo se ha avanzado con 40 emprendimientos “maduros” y 162 que están en la última fase de su proceso de formación.

“Además, se contemplaba la creación de corredores comerciales, para los cuales era esencial un plan para la actualización del uso de suelo, el cual solo proyectaba un avance del 57 % para este primer año de gestión”, alegó.

Sin embargo, no todo es negativo. Según los datos, Álvarez tiene una valoración satisfactoria en el área de derechos humanos y sociales, superando el número de beneficiarios de programas y campañas que promueven la igualdad de género y la erradicación de todas las formas de violencia. Por ejemplo, el Programa de Mujeres Supervivientes como Agentes de Cambio benefició a 1.466 mujeres, 566 más de lo previsto.

“Nuestra administración cree firmemente en estos procesos de mejoramiento continuo. Ver en qué cosas hemos avanzado, qué nos falta por hacer y qué propuestas recibimos es importante. Hemos salido bien en algunos indicadores y en otros, en rojo”, manifestó, expresando su satisfacción con el informe.

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