La vicepresidenta suspendida de Ecuador, Verónica Abad, advirtió sobre una posible "arrogación de funciones" si el presidente Daniel Noboa encarga la Presidencia a un ministro durante la campaña electoral. La advertencia surge en medio de su suspensión de dos años para ejercer cargos públicos, dictada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), lo que le impide asumir el poder mientras Noboa busca la reelección en la segunda vuelta del 13 de abril.

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¿Por qué Abad denuncia una posible usurpación de funciones?

Abad sostiene que la sanción del TCE no equivale a su destitución, por lo que no se puede considerar una "ausencia temporal" que justifique delegar la Presidencia en otra persona. Según la normativa ecuatoriana, Noboa debe pedir licencia y ceder sus funciones a la vicepresidenta, con quien mantiene un fuerte enfrentamiento desde su elección en 2023.

El Gobierno, sin embargo, ve el camino despejado para que Noboa encargue el poder a "buenas manos", según el ministro de Gobierno, José De la Gasca. Abad, en cambio, advierte que si el mandatario no pide licencia, podría incurrir en peculado (malversación de fondos) y que "si encarga la Presidencia a un ministro, habrá arrogación de funciones y peculado, y el peculado no prescribe".

La vicepresidenta ha denunciado en reiteradas ocasiones que el Ejecutivo ha intentado forzar su salida para evitar que asuma el poder. Mientras tanto, el presidente sigue sin solicitar licencia para toda la campaña, como tampoco lo hizo en la primera vuelta, cuando delegó funciones de manera parcial a Cynthia Gellibert.

¿Qué sigue en la disputa entre Noboa y Abad?

El conflicto entre el presidente y la vicepresidenta se remonta a la campaña electoral de 2023 y se ha profundizado con el tiempo. La Corte Constitucional ya declaró inconstitucional la designación de Gellibert como "vicepresidenta encargada", pero el Gobierno interpretó que podía seguir delegando funciones sin decretos.

Con más de 13,7 millones de ecuatorianos convocados a las urnas el 13 de abril, el desenlace de esta pugna política podría marcar el proceso electoral y la estabilidad del Gobierno. Mientras tanto, Abad insiste en que la sanción no la inhabilita como vicepresidenta y que cualquier intento de apartarla del cargo podría traer consecuencias legales.

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