“El policía es culpable hasta que se demuestre que es inocente. En cambio, el pillo es inocente hasta que se demuestre que es culpable”. El agente Juan (identidad protegida) usó esa comparación para opinar acerca del anuncio que hizo el 30 de septiembre el presidente de la República Guillermo Lasso sobre el uso del arma de dotación, en el cantón Durán.

Parte del mensaje, el mandatario lo publicó en su cuenta de X (antes Twitter): “Sin temor, con la certeza de que la ley y de que todo el país los respalda. Si tienen que usar sus armas de dotación, ¡háganlo!”.

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Luis, otro uniformado, considera que todo queda en palabras. “Dicen que tenemos miedo, no a los delincuentes, sino a las leyes. Que no queremos actuar, pero nos sentimos atados. Si le disparamos y se muere, nos cae hasta su familia”.

Su compañera, Ana, expresa que hay ley y contraley. “Solo podemos disparar de frente, en el abdomen y tórax, pero si fallece porque se le comprometió algún órgano, nos metemos en un lío legal. Acá (en la Policía) hay un departamento que se llama Defensa Institucional, a veces nos ayuda, pero por encima, por eso toca buscar abogado externo”, revela Ana.

Para Billy Navarrete, director ejecutivo del Comité Permanente por la defensa de los Derechos Humanos, el problema es que “nadie tiene confianza y cree en el trabajo de la Policía, por su nivel de contaminación por parte de organizaciones criminales”.

Navarrete subraya que los derechos humanos son para todos. "Si alguien está acusado de cometer un delito, hay un aparato de justicia que debería funcionar y unas leyes que deberían proteger tanto a la víctima como al acusado; ese es el procedimiento que estamos vigilando para que se ejecute. Nuestros ojos están dirigidos a los funcionarios e instituciones públicas que deben de hacer cumplir las normas y si eso no se da, allí hay una violación a los derechos humanos",  enfatiza.

El abogado y líder barrial de la cooperativa Nuevo Ecuador 3, Julio Freire, manifiesta que la mejor arma de dotación es la honestidad de los gendarmes . “A veces no sabemos si pedirles o no ayuda o si informarles, pues ese mismo policía me puede vender. Se debe de hacer un trabajo más serio y profundo, a nivel judicial. Las declaraciones del mandatario simplemente es una justificación para seguir en su ineptitud”.

El penalista y catedrático Luis Cotto manifiesta que la publicación del presidente es pertinente, pues la misma Constitución en su artículo 158 establece que tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas deben proteger las libertades y garantías de la ciudadanía.

“Así la vida y el patrimonio de los ecuatorianos son defendidos por estas instituciones y si en ese factor deben usar sus armas, ellos deben recordar que están protegidos por las causas de extinción de la antijuridicidad: la legítima defensa, estado de necesidad y cuando se actúa en cumplimiento de una orden legítima y expresa de autoridad competente o de un deber legal, comprobados, según el Código Orgánico Integral Penal, guardando la proporcionalidad y evitando el exceso”, indica Cotto.

El penalista y profesor universitario, Kleber Siguencia, también se refirió sobre las declaraciones del presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza.

"Terminan siendo un discurso populista toda vez que, pese a que nuestra legislación permite el uso progresivo de la fuerza, en la práctica todavía no existe la seguridad y certeza de que las autoridades judiciales interpreten de manera correcta y acertada las normas para que el servidor policial o militar cumplan con su rol en defensa de la seguridad interna",  dice el jurista. 

Ricardo Flores, líder de La Chala, dice que hay vacíos en la ley. “Debe haber una reforma penal integral y sacar de funciones a los jueces y fiscales que le hacen juego a la delincuencia, acusando, enjuiciando y sentenciando al servidor policial que hace uso de su arma en defensa de la sociedad”, concluye Flores.

Wenceslao Espinoza, líder de Florida Norte, considera que las bandas tienen más armas que los uniformados y son más numerosos que los agentes; que el anuncio presidencial debe de ir más allá: depurar todas las instituciones del Estado. 

“A Lasso le perdí la confianza. Esto es otro bla bla bla.  No se ha visto nada de lo que ha hecho por el país, estamos peor de lo que estábamos. Los policías están en desventajas, en comparación a los antisociales”, dice el ciudadano Anderson Zamora. 

"Ojalá se cumpla lo dice el presidente, porque muchas disposiciones solo son palabras. Es verdad que la violencia no nos conduce a nada, pero si es de defender la vida, la familia, los hijos, hay que hacerlo. Después las drogas, los asesinatos y más delitos, acabarán con nuestra sociedad", concluye Zuleika de Ceballos. 

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