La pugna se intensifica. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, reaccionó al anuncio del bloque de Gobierno sobre la creación del Frente Parlamentario de Lucha contra el Tráfico de Combustible para fiscalizar a una de las empresas de distribución de gasolina asociadas a la familia de Álvarez.

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El anuncio lo hizo la asambleísta Lucía Jaramillo, quien antes de integrar el bloque oficialista, estuvo con el Partido Social Cristiano (PSC). Explicó que la iniciativa nace a raíz de una denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra cuatro empresas presuntamente asociadas al tráfico de combustible, entre ellas Copedesa, de la familia de Aquiles Álvarez.

"Pocotón de vagos en esa bancada, a vaca con los sueldos que les paga el pueblo", reaccionó Álvarez a través de su cuenta en X. Sostuvo que la acusación hecha contra la empresa de su familia es una "cortina de humo con todas sus porquerías" y afirmó que "en Fiscalía nos vemos".

Incluso cuestionó que los esfuerzos de fiscalización de la bancada de Gobierno no se enfoquen en fiscalizar "a ministros y funcionarios de su gobierno que, con sueldos mínimos, tienen zapatos de $2,000 y relojes de $25,000, carteras de $7,000 y vestidos de $3,000".

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En una entrevista radial concedida días atrás, José Julio Neira, secretario de Integridad Pública, detalló cómo habría operado durante años esta presunta red de contrabando de combustibles que implica a la empresa Copedesa, perteneciente a la familia del alcalde Aquiles Álvarez.

Según Neira, comercializadoras no autorizadas por la Arcernnr estaban vendiendo combustible a las distribuidoras a un precio preferencial, el cual recibían de Petroecuador. Una de las anomalías es que vendían un gran número de galones a entidades que no tenían actividad comercial o afiliación con transporte pesado y sin una razón social clara.

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Como muestra del modus operandi, el funcionario explicó uno de los casos detectados: "Un vehículo con un motor de 1.4 litros compró en el año 2023 un total de 123,000 galones de combustible. De estos, 117,000 fueron de gasolina Extra, 3,200 de diésel y 2,280 de Super. Para que este vehículo haya consumido tal cantidad, tendría que haber recorrido toda la red vial del país 4.3 veces al día".

El esquema fue ratificado por la bancada oficialista, que aseguró respetarán la independencia de poderes. Se presentó una denuncia en Fiscalía, y afirmaron que "nadie está por encima de la ley". Además, la asambleísta Lucía Jaramillo invitó a más legisladores a participar del frente para fiscalizar el presunto tráfico ilegal de combustible en el país.

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