“¡Las quebradas en peligro y nadie hace nada!, gritaban ayer unas 40 personas afuera de la Corte Constitucional, en el norte de Quito. Los afectados de los taludes en la urbe se unieron para alzar su voz.

Estefanía Pabón, coordinadora del colectivo Luchando por las Quebradas, comentó que esperan que la próxima semana la Corte dé su fallo a favor de la causa emprendida por moradores del sector de La Esperanza, también en el norte. “Es parte de la cuenca del río Monjas. Estamos aquí para apoyar y exigir acciones”, dijo.

Nelson Guachamín, dirigente de ese barrio, explicó que dentro de esa zona está la casa que perteneció a Mariana Carcelén, la Marquesa de Solanda, y es patrimonial.

“El problema viene desde el 2011, hace como un año ya se fueron cuatro casas”, agregó. Según el vecino, tres personas fallecieron en ese suceso. Pero fue el dueño del inmueble patrimonial quien interpuso la demanda contra el cabildo. “Hemos tenido mesas de trabajo y nada”.

El peligro

Entre otros afectados se encontraba Fabiola Romero, cuya casa ya tiene cuarteaduras debido al talud del río Machángara en la avenida Teniente Hugo Ortiz, en el sur de Quito. “Yo he implorado por soluciones y no hay respuesta, comentó.

Relató que hace dos años dos personas ya cayeron al precipicio. Uno de ellos murió y otro quedó malherido. “¿Están esperando que se muera más gente?”, cuestionó.

Dos casas aledañas a la suya ya quedaron inhabitables, según la dirigente. Su vivienda sería la próxima y no tiene otro lugar dónde residir.

Maritza Pinto representa a la quebrada de Caupicho, y dijo que el problema en esa zona del sur de la ciudad ya lleva 15 años. “Las afectaciones que tenemos ahora se esperaban en 70 años, pero ha habido una acelerada erosión”.

Ella reconoció que ya ha habido intervenciones en la zona, pero que han sido demasiado lentas y que la “lluvia es su peor enemigo”. “Son aproximadamente 360 predios que estamos en peligro”.

A la espera

Silvana Lara, directora de riesgos de la Secretaría de Seguridad, comentó que independientemente del pedido de la acción de protección ya se han establecido dos planes de acción: uno en la cuenca del río Monjas y otro en la quebrada de Caupicho. “En la primera se identificaron 15 sectores críticos, entre ellos la zona cuyo dueño interpuso la demanda”.

Sin embargo, y a pesar de que ya existe un presupuesto de al menos 25 millones de dólares, los procesos no se realizarán enseguida, puesto que algunos están en etapa precontractual. “En Carretas (Carapungo), por ejemplo, empezaremos en agosto”, explicó la funcionaria.

En cuanto a la denuncia, relató que la entidad ya presentó frente al juez su plan de acción, sin embargo también “se está planteando la posibilidad de presentar una ordenanza que permita gestionar de mejor manera el problema de las quebradas”.

Los protestantes exigen que se realicen embaulamientos en todas las hondonadas.