El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) resolvió este 4 de diciembre de 2020 que la lista de asambleístas nacionales del partido político Fuerza EC, encabezada por el expresidente Abdalá Bucaram debe ser calificada para las elecciones generales de febrero próximo.

El pasado 13 de octubre, el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) negó por primera vez la calificación de la lista completa bajo el argumento de que Bucaram no suscribió el plan de trabajo, además de que el exmandatario no aceptó presencialmente su candidatura. Se dio dos días para que subsanen las inconsistencias.

El 27 de octubre, el CNE volvió a tratar el caso de Fuerza EC y ratificó la negativa a calificar la lista completa porque, si bien se subsanó lo del plan de trabajo, el informe técnico ratificó que Bucaram no aceptó en persona su candidatura.

Los jueces electorales contradicen la versión del CNE. En la sentencia se argumenta que Fuerza EC celebró sus elecciones primarias el 23 de agosto de 2020, a la que asistieron todos los aspirantes a candidatos.

Como delegado de la administración electoral acudió a este acto “el señor Ronald Isaac Bennúdez Peña, frente a quien, el Ab. Abdalá Bucaram Ortiz ha suscrito el acta de aceptación de la candidatura a primer asambleísta nacional, acta que si bien no contiene la firma del servidor electoral debido a su negativa, es evidente que lo hizo en presencia del delegado del CNE”, continúa el fallo.

Sobre Bucaram hay tres investigaciones en curso: por el presunto delito de tráfico de armas, posible tráfico de bienes patrimoniales y una presunción de delincuencia organizada. Sin embargo, en ninguna de estas causas hay sentencia ejecutoriada por lo que no tiene impedimento para ser candidato. Tiene arresto domiciliario y lleva un grillete electrónico.

El Código de la Democracia señala que una vez inscritos los candidatos "no podrán ser privados de la libertad ni procesados penalmente desde el momento de la calificación hasta la proclamación de resultados ni enjuiciados, salvo los casos de delito flagrante, delitos sexuales, violencia de género e intrafamiliar".

Una vez conocida la noticia, el exmandatario lanzó una seguidilla de comentarios en la red social Twitter entre los que pedía que la jueza que lleva su caso en Quito le levante inmediatamente la orden de arresto domiciliario por la inmunidad que alcanzaría como candidato.

Advirtió además que empezará a pelear por alcanzar la presidencia de la Asamblea, si llega a ser el legislador más votado.