El olor a muerto está impregnado en la Portete. El suroeste de Guayaquil huele a formol, pero en realidad no se trata de este compuesto químico, sino del hedor de los cuerpos que estuvieron descomponiéndose dentro de un contenedor que no estaba refrigerando por 22 días.

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Ayer, miembros del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses vestidos con trajes blancos antifluido, botas altas amarillas o blancas, mascarillas con filtro, guantes y gorras quirúrgicas desechables, limpiaban las huellas de lo que habían hecho al término de la tarde del miércoles. Alrededor de 100 cadáveres fueron movidos del contenedor dañado a otro que supuestamente está en funcionamiento. Esto a pesar de que galenos expertos en salud pública advirtieron que eso produciría un riesgo biológico.

Pero la entidad forense no escuchó las recomendaciones e hizo caso omiso a las advertencias. ¿Y ahora? En todo el ambiente de la Portete se percibe el olor a fenoles y a nitrosamina volátil. Eso está indiscutiblemente en el ambiente, sostiene Francisco Andino, médico experto en Epidemiología, coordinador de Protocolo del Foro Permanente de la Salud y exministro de Salud.

Es decir que el Mercado Minorista de Mariscos Portete, las urbanizaciones del sector (Girasol,Renacer y otras), la Unidad de Servicio Centro Técnico Municipal, un supermercado, una plaza comercial con todos los negocios que alberga y el Consulado General de los Estados Unidos de América están contaminados.

Cabe resaltar que según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos, algunas nitrosaminas pueden aumentar el riesgo de cáncer si las personas están expuestas a rangos superiores a los niveles aceptables y durante largos periodos de tiempo.

Ante lo ocurrido, el Ministerio de Salud debió haber hecho un control sanitario para medir el impacto de los elementos putrefactos, ya que no hubo control de la refrigeración, sostiene el galeno.

Según Andino, el ministerio primero tuvo que haber acompañado y asesorado la intervención que hizo la entidad forense; aunque a criterio de Roberto Ponce, médico especialista en Gerencia de Auditoría de la Calidad de Salud y exdirector ejecutivo de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess), ese traslado no debió haberse efectuado.

“Lo primero que se debió haber establecido preliminarmente es el radio de contaminación”, enfatiza Andino, que no debe ser de menos de un kilómetro de distancia.

Segundo, determinar la amenaza, exposición y vulnerabilidad, para con ello comprobar el impacto que estaría teniendo la liberación al ambiente de los gases tóxicos de los cuerpos descompuestos.

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A criterio de Agapito Salvaterra, médico forense y docente de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, antes de abrir el contenedor las entidades de Salud y forenses debieron haber hecho una campaña de notificación a todos los moradores del sector. Porque es eminente el riesgo sanitario en el que ahora se encuentra la zona.

Debido a la exposición a estos gases, las personas estarían presentando irritaciones en las mucosas nasofaríngeas y en los ojos, señalan los galenos. También se debió preservar la salud de quienes laboran en la zona de influencia y del personal forense, concuerdan.

Pero tras haber abierto el contenedor, el ambiente debería estar siendo monitoreado por la contaminación bacteriana, advierte el médico Andino. Esto porque el procedimiento de sacar los cuerpos y colocarlos en el suelo fue ejecutado en un espacio abierto y poblado a su alrededor.

A esto se suma que moscas y otros insectos habrían tenido contacto con los líquidos putrefactos (así como con los cuerpos, que fueron mal manipulados, a juicio de Salvaterra), y estos luego son transmisores de enfermedades al entrar a las casas u otros espacios. “Se evidenció el poco control que establecen los protocolos”.

Este procedimiento es criticado por Ponce, ya que “el Ministerio de Salud no puede quedarse de manos cruzadas”, ya que ellos “debieron acompañar a la Policía e indicarles dónde debían haber realizado ese proceso”. EXTRA solicitó una entrevista al Ministerio de Salud para conocer los riesgos epidemiológicos, pero hasta el cierre de esta edición no respondieron.

Anteriormente, el equipo de Comunicación de la entidad de Salud indicó a EXTRA que “no tenemos competencia sobre las morgues, sino sobre los establecimientos de salud”. Esto también argumentaron la Acess y la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa).

“¡Que salud no tenga competencia es terrible!”, opina Andino. Para él, es prioridad que se mantenga en observación a los trabajadores del sector, para evaluar los efectos que en ellos podrían presentarse tras haber estado expuestos a esos gases. A este grupo deben unirse también los niños, personas vulnerables y quienes presenten cuadros de inmunodepresión.

El patio del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses no era el sitio adecuado para que el contenedor sea abierto, sostiene Roberto Ponce, médico especialista en Gerencia de Auditoría de la Calidad de Salud y ex director ejecutivo de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess), debido al alto riesgo biológico.

En la pandemia, “en los primeros meses, por desconocer el comportamiento del virus, el Ministerio de Salud Pública (MSP) sacó un lineamiento de que los cuerpos no debían ser inhumados, sino incinerados”. En este caso, los cadáveres debieron haber recibido el mismo tratamiento.

En el Centro Forense Guayaquil hay alrededor de 300 restos humanos que datan desde 2022. Para el experto, no es factible que los cuerpos deban esperar más de un año para ser inhumados. “No creo que sea un tiempo meritorio, por los procesos de putrefacción del cuerpo. Allí está la falla”.

Esto tampoco está normado en la Ley de Salud, por lo que el galeno les pide a la Asamblea y los organismos pertinentes establecer una temporalidad en la que los restos humanos de muertes violentas deban ser inhumados. Además, indicar cuándo (como en esta situación) deben ser incinerados y/o inhumados. Pero el MSP debe pronunciarse al respecto.

Hubo errores muchos. El gorro quirúrgico desechable no es el adecuado para la manipulación de cadáveres, enfatiza Agapito Salvaterra, médico forense y docente de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Pero esa no fue la única falla.

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Las mascarillas quirúrgicas que usó el personal que registró los cadáveres que sacaron del contenedor con problemas de climatización no fueron las adecuadas, pues no protegieron al personal. Tampoco debieron haberse acercado sin guantes. Y las gafas (los que las usaron) no eran las que la norma indica.

El peor de todo es cómo manipularon los cadáveres. Estos, explica Salvaterra, debieron haber sido colocados en una bandeja metálica, que a su vez reposara sobre una camilla grande; pero nunca debieron haber sido puestos en el suelo.

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