La Fiscalía General del Estado (FGE) informó, a través de un comunicado, la situación jurídica de las personas que fueron detenidas transportando material aurífero en Imbabura. Entre ellos se encontraban cuatro militares en servicio activo, quienes supuestamente acompañaban en un vehículo de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), a quienes trasladaban este mineral, según el parte policial.

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Los uniformados estaban a bordo de una camioneta Ford Ranger plateada, sin placa, y fueron detenidos en un control que se asentó en la parroquia La Merced de Buenos Aires, del cantón Urcuquí, en Imbabura, zona minera conflictiva en ese territorio, el 26 de agosto.

La Policía supo que aquel automotor daba custodia a tres camiones que llevaban el oro triturado, como manifestó Fiscalía. Una vez detenidos, los agentes identificaron a los miembros de las FF.AA. como: teniente- coronela Mauricio Mishely Granda Astudillo, cabo primero Ángel Stalin Migues Cajas, cabo primero Freddy Javier Remache Buri y cabo primero Rodrigo Daniel Congo Alencastro.

Una vez parada la marcha del carro militar, el oficial Granda Astudillo se bajó y explicó a los policías que él es actual comandante del Grupo Especial de Comando GEK 9, en Esmeraldas. Según este teniente coronel, ellos se habían enterado que en la zona había un objetivo de mediano valor al que estaban persiguiendo y que cuando hallaron el convoy lo estaban escoltando para botar todo el material aurífero encontrado.

Además indicó que la mayoría de los sospechosos había huido mientras se hacía la supuesta investigación militar y que quienes se quedaron ayudaron a cargar los sacos de yute en los camiones indagados. Les aseguró que las personas que conducían los tres camiones era gente que les estaba colaborando.

Tras esto, los policías comenzaron a investigar si era fidedigno lo que aseguraba Granda Astudillo. Los gendarmes revisaron primero dos camiones Hino blancos y luego un camión Isuzu blanco. En los tres se encontraron sacos de yute con el mineral. Además, en este último vehículo pesado estaban seis hombres que dijeron que ellos habían cargado el material.

Los investigadores no se ‘comieron’ el cuento y realizaron llamadas para averiguar. Primero se contactaron con el ECU-911 para confirmar si se había ejecutado un operativo militar en la zona contra la minería ilegal, pero dijeron que no.

Luego llamaron a miembros de la Unidad Nacional de Investigación de Delitos contra el Ambiente y Naturaleza (Un-Dcan) de la Policía pero les dijeron lo mismo: no había reportes de intervenciones por el tema por parte de Fuerzas Armadas. Y por último se contactaron con militares del Grupo de Caballería Mecanizada 36 Yaguachi (Imbabura) y negaron alguna intervención. Fue así que tanto militares como los 10 sujetos restantes fueron detenidos porque tampoco presentaron documentos habilitantes para llevar ese material.

En total se hallaron 516 sacos con el mineral. Además, los cuatro militares tenían armas. El oficial llevaba una pistola mientras que los tres cabos estaban con fusiles. Todos también estaban equipados con cascos tácticos y chalecos antibalas.

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La Fiscalía detalló se que formularon cargos contra todos “sobre la base de los elementos de convicción recabados, entre ellos: el reconocimiento de lugar de los hechos (en la parroquia La Merced de Buenos Aires), el reconocimiento de evidencias, el análisis macroscópico preliminar del presunto material aurífero (realizado por la Policía Nacional), el parte policial de aprehensión, las versiones de los agentes que participaron en el procedimiento y las versiones de los procesados”.

En la audiencia, que concluyó la mañana del 27 de agosto, Fiscalía explicó que el material hallado a bordo de los vehículos ya se encontraba triturado, es decir, que tenía un procesamiento inicial, por lo cual tendría un mayor valor. “El juez que conoció la causa dictó prisión preventiva para los 10 civiles procesados y para los cuatro integrantes de las Fuerzas Armadas presentaciones periódicas y prohibición de salida del país”.

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