Luego de la revelación que hizo EXTRA ayer de los supuestos ‘amarres’ que realizan hospitales de Guayaquil y funerarias con los cadáveres, hasta esta redacción llegaron otras dos denuncias de estos presuntos actos de corrupción, en los que ahora están involucradas otras casas de salud e incluso una entidad pública.

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Una persona que se dedica a ofrecer servicios exequiales reveló que, a más de los hospitales de Los Ceibos, Teodoro Maldonado Carbo y el del Guasmo, los trabajadores del hospital Abel Gilbert Pontón y de Monte Sinaí también ‘venderían’ los cadáveres a las funerarias.

“En el caso del hospital de Monte Sinaí, desde adentro les avisan a los guardias que ya va a salir un cuerpo, que los familiares están cerca. El guardia le dice al funerario y también lleva su comisión. Todo es un ‘amarre’. Incluso en el hospital del suburbio (Abel Gilbert Pontón). Allí solo trabajan con una funeraria, con la diferencia de que las comisiones son mínimas en comparación con los otros hospitales”, explicó.

En la publicación de ayer, los funerarios denunciaron que por un cadáver las funerarias deben cancelar $ 450 a ciertos trabajadores de hospitales para evitar trabas en la entrega de los cuerpos.

Sin embargo, esta no es la única denuncia hecha a este Diario. Los actos de corrupción también involucran a varios uniformados de una institución a cargo del levantamiento de cadáveres en Guayaquil, quienes supuestamente recibirían dinero a cambio de dar información de un muerto.

“Las funerarias les dan cajas con guantes, combustible y por cada muerto 400 dólares. Es una ‘cadena’ de corrupción, porque el 911 les reporta a los agentes y estos apenas tienen la ubicación, se la pasan a los funerarios. Muchas veces llegan antes que los familiares. No solo es con las personas que mueren en hospitales, también los que mueren en la calle”, manifestó una trabajadora de una funeraria.

El fiscal César Peña Morán explicó que un servidor público que hace mal uso de su cargo, en este caso transar ‘negocios’ con funerarias por un cadáver, incurre en el delito de concusión, el cual está estipulado en el artículo 281 del Código Integral Penal (COIP).

Dicho artículo señala que el servidor público o persona con potestad estatal que abusando de su cargo ordene o exija dinero, será condenada a una pena de tres a cinco años de cárcel; pero no solo el servidor público está cometiendo un delito, también los funerarios participan en calidad de coautores.

“Hay responsabilidad en ambas partes. El uno exige y el otro entrega dinero. Ya en 2018 hubo policías, médicos y funerarios detenidos por los negocios que hacían con los cadáveres. Esto no es nuevo. Desde la época en que los comisarios asistían a los levantamientos de cuerpos se conocía cómo comercializaban con los muertos”, recordó Peña. 

En julio de 2018, seis policías, tres médicos y dos dueños de funerarias fueron detenidos acusados de asociación ilícita.

De acuerdo con la investigación hecha en aquel entonces, estas personas negociaban y se beneficiaban con los cadáveres, puesto que entregaban certificados de defunción que estaban debidamente firmados y certificados con la finalidad de evitar que se realice la autopsia, aduciendo que era por muerte natura o tratamiento médicos, reveló quien era comandante de la Policía de la Zona 8 en aquel entonces.

Las detenciones se ejecutaron en Guayaquil y en Durán. Como evidencias se incautaron 288 certificados de defunción que fueron encontrados tanto en funerarias como en los domicilios allanados.

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