Los nexos delictivos de funcionarios en el cantón Durán, revelados por la Policía Nacional el 14 de agosto, han reafirmado dos urgencias persistentes en Ecuador: la necesidad de que personas íntegras lleguen al servicio público y la importancia de evitar que se desvíen hacia la corrupción una vez en el cargo. Para lograrlo, es importante identificar las fallas existentes.

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El relato de un exempleado de una entidad en Durán, compartido con EXTRA, expuso uno de los problemas críticos: “había transe con los criminales”. Esto se hizo evidente cuando le informaron que querían secuestrarlo. Sin embargo, al expresar su preocupación a quienes lo habían ayudado a trabajar allí, le dijeron que hablarían con el ‘duro’ de la zona. Y, de manera sorprendente, fue dejado en paz.

EXTRA consultó al Municipio de Durán sobre las estrategias que se implementarán para prevenir que funcionarios mantengan nexos criminales. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota periodística, no se recibió respuesta.

Estos nexos criminales y de corrupción en las instituciones públicas tienen varias raíces, según los expertos consultados por este Diario. Jorge Villacreses, máster en Criminalística y Seguridad, y presidente de la Cámara de Empresas de Seguridad Privada del Ecuador, señala que las industrias y diversas compañías contratan asesorías para la selección de su personal.

Este mismo enfoque debe aplicarse en el sector público, con una mayor rigurosidad en áreas específicas. “Departamentos que sean sensibles, en donde hay dinero y se toman decisiones. Por ejemplo, los hospitales, la compra de medicamentos, de equipos”, recalca.

Para contratar a quienes estén a cargo de esas actividades, Villacreses recomienda realizar pruebas de polígrafo (aparato que registra las reacciones fisiológicas para detectar posibles mentiras).

Además, es esencial considerar otros parámetros previos. Uno de ellos es verificar si el aspirante consume drogas, ya que, en caso afirmativo, podría estar vinculado con vendedores de sustancias e implicado en otros delitos.

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Ese punto va ligado con que el postulante no tenga pasado judicial. Villacreses también considera ideal que sea alguien que no deba pensiones alimenticias, porque corre el riesgo de ser encarcelado. O que no esté supremamente endeudado. “Con toda esta información podemos levantar un perfil de ese individuo que va a ingresar para saber si es una persona confiable”.

Remigio Hurtado, presidente de la Confederación Nacional de Servidores Públicos del Ecuador, refiere que otro punto clave es que se realicen concursos de méritos y oposición para ocupar vacantes. Sin embargo, aunque eso está dispuesto en la ley, asegura que en la práctica no se cumple.

“Las partidas vacantes nunca más se vuelven a activar, no se dan a nadie y quedan inactivas. Nunca más vuelve a llamarse a concurso. Quienes van ingresando al sector público ya no ingresan con nombramientos provisionales, por concurso, solo entran a dedo, por amistades, por política, con contrato ocasional”, explica.

Considera importante también que se eliminen algunos puestos del nivel jerárquico superior, que son designados libremente por autoridades. En vez de eso, sugiere, deben ser ocupados por funcionarios con nombramiento, garantizando estabilidad, pero también responsabilidades.

“Los de nombramiento permanente y los de contratos que ya tienen algunos años, tenemos que responderle a la Contraloría General del Estado, etcétera. Pero viene alguien nuevo, una autoridad de esas que son de libre nombramiento, ¿a quién responden?”, cuestiona.

Cita que en países como Singapur, Suiza o Nueva Zelanda se caracterizan por dar estabilidad y buena remuneración a los funcionarios. Eso disminuye la posibilidad de que caigan en actos delictivos y de corrupción, pues no tienen la necesidad. 

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“Un analista financiero gana igual en un ministerio que en otro. Vaya a la institución que vaya, gana igual. Pero aquí tenemos privilegios”, expresa.

El especialista colombiano Iván Carvajal Hurtado, máster en Inteligencia Estratégica, consultor en seguridad y analista sociopolítico, está de acuerdo con Remigio Hurtado en que los funcionarios, especialmente aquellos en cargos sensibles, deben contar con buenas condiciones de trabajo y también con altas exigencias.

“El ser humano tiende a ser corrompido si le hacen una propuesta. Para evitar eso, el tesorero de una institución, que maneja la cuenta, tiene los códigos, puede hacer giros, es el que mejor tiene que ganar. Pero para ese puesto se debe someter periódicamente a pruebas de confiabilidad. Y cuando hay esa consideración, ese respeto, se empieza a bajar el margen, a pensar en hacer algo ilícito”, enfatiza.

Carvajal añade que esto debe complementarse con una inversión en la protección del sistema informático de la institución para prevenir ciberataques.

También sugiere fortalecer la Función Judicial mediante la aplicación de penas severas o la creación de leyes más estrictas. “Hay que quitarle la voluntad al corrupto de hacer los actos de corrupción, que el Estado tenga la capacidad real de investigar y que los mecanismos de contratación sean muy estrictos para los cargos de responsabilidad”, concluye.

Carvajal laboró varios años en la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia y, durante su servicio, debía cumplir con pruebas de confianza frecuentemente. Esa experiencia le permitió tener claro ahora cómo se deben enfocar mejor las investigaciones de casos en las instituciones públicas.

“En Colombia se ha pensado incluso en crear grupos élites de investigación (...). Hay que crear estos cuerpos élites, pero que se dediquen a desbaratar caso por caso. No atender todos los que pasen, porque eso va a ser imposible, sino atender casos estratégicos y que no los suelten hasta que los resuelvan. Después que presenten los resultados, se aplique la máxima pena, recuperar la plata, aprender de eso y fortalecer los sistemas de talento humano”, dice.

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