Isabel Alvarado dejó un escrito en el ECU 911 en el que pedía respuestas de cómo habrían filtrado información a las funerarias cuando su madre falleció.

EXTRA publicó informes durante la semana pasada en los que desveló el presunto esquema de corrupción que hay detrás de esta mala práctica. Alvarado irá la otra semana para saber si se han determinado responsabilidades.

(Lea también: Funerarias se pelean por servicios a víctimas que filtran desde el ECU-911 )

Mientras tanto, la abogada Lorena Naranjo, quien fue parte de los que impulsaron la Ley de Protección de Datos Personales, explica que la revelación ilegal de esta información rompe con dos principios básicos que están establecidos en la norma.

Por un lado, se atenta contra el derecho a la confidencialidad que solo permite el acceso de este tipo de datos a las personas autorizadas. Por otro, se infringe el principio de finalidad el cual establece que si la información tiene que cumplir un fin determinado, no se lo puede traspasar a otro.

En este caso, la jurista señala que los operadores utilizan esta información para la asistencia inmediata ante una emergencia y no se debería pasarlo a los trabajadores de servicios funerarios como se estaría haciendo.

Naranjo indica que existen tres niveles de responsabilidades cuando se presenta un caso como estos.

Uno es el penal. Este sanciona a los responsables por revelar ilegalmente los datos personales. Según el Código Penal, se castiga con 1 a 3 años y si es servidor público con hasta 5 años de cárcel.

El otro es civil y corresponde a la indemnización a los perjudicados dependiendo el daño que se haya provocado. Finalmente está el administrativo, en el cual se sanciona con una multa a la entidad implicada y se genera mecanismos para corregir los procesos.

En este aspecto la entidad encargada de sancionar es la Superintendencia de Protección de Datos Personales.

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