En un video difundido por su abogado, Alondra Santiago afirmó que su vida está en peligro debido a "abusos de poder". La periodista cubana, quien enfrenta una orden de deportación por supuestos actos contra la seguridad pública y el Estado, decidió abandonar Ecuador antes de ser expulsada según lo programado por la Cancillería en un plazo de cinco días.

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Santiago expresó que se fue para no formar parte de la estrategia que, según ella, el presidente Daniel Noboa está usando para desviar la atención de los problemas graves que afectan al país.

"En las últimas horas he tomado la difícil decisión de salir de mi país, Ecuador, y no me voy deportada; me voy antes, de forma legal, porque no seré parte del show que está haciendo el Gobierno. No seré parte de la cortina de humo que están montando para tapar su incompetencia", explicó Santiago en un video difundido por su abogado, Carlos Soria.

La periodista subrayó que su partida se debe principalmente a motivos de precaución y seguridad personal: "Me quieren silenciar. Mi integridad física, emocional y mental están comprometidas. Hoy mi vida corre peligro por abusos de poder. Por recomendaciones cercanas, me piden que me ponga a buen resguardo porque no pararán. No pararán hasta acabar con mi voz", declaró Santiago.

En un intento por revertir la revocación de su visa, la periodista mencionó dos acciones legales: una ante la Corte Constitucional y otra en la justicia ordinaria en contra de la Cancillería. La segunda acción fue asignada a la jueza Sandra Yanchatipan, de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Quito. Santiago manifestó su confianza en la justicia ecuatoriana y aseguró que regresará: "Este es mi país; nadie ni nada callará mi voz".

La decisión de retirar la visa de Alondra Santiago fue tomada 25 días después de que la periodista hiciera públicas críticas al gobierno de Daniel Noboa, señalándolo de "incompetente" y detallando los problemas del país, como la inseguridad.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana fundamentó esta medida en un informe técnico que determinó que la periodista había incurrido en actos que ponen en riesgo la seguridad pública y la estructura del Estado. Como consecuencia, se solicitó la revocación de su visa de residente permanente.

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El artículo 68 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana fue invocado para respaldar la decisión, argumentando que la periodista había cometido actos que atentaban contra la seguridad del Estado, según lo determinado por la autoridad competente. La resolución ministerial también estableció que se debía notificar a la autoridad de Control Migratorio para iniciar el proceso de deportación en un plazo de cinco días.

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