El denominado ‘Zar de las Drogas’, quien únicamente era investigado por tenencia y porte de un arma de fuego, ahora será vinculado a un proceso por delincuencia organizada en el caso Blanqueo JR, que indaga una presunta estructura criminal dedicada al lavado de activos y relacionada con  Junior Alexander Roldán Paredes, alias JR, cuya muerte fue reportada en Colombia el 6 de mayo de 2023.

Borys Alexi Párraga Figueroa fue detenido el 12 de junio de 2024, cuando festejaba sus 29 años, en una mansión del sector La Chiquita, de El Empalme, en Guayas. Por ese caso se encuentra actualmente en una audiencia de juicio, que se instaló el 22 de agosto y que, tras su suspensión, se reinstalaría este miércoles 28 de agosto, a partir de las 08:50.

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Del caso Blanqueo JR ya hacen parte Azhael Roldán, hijo de Junior Roldán, y Verónica Briones, una pareja sentimental de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, prófugo de la justicia y líder del grupo de delincuencia organizada Los Choneros. ¿Cuándo será vinculado alias Boris? En un documento judicial se precisa que la audiencia de vinculación sería el 3 de septiembre de 2024. 

Alias Boris, o Borys Alexi Párraga Figueroa, no será el único vinculado a este caso en el que ya hay siete sospechosos procesados. En total, por pedido del Ministerio Público, serán doce las personas que irán audiencia de vinculación. Esta diligencia fue solicitada de manera urgente, pues este 28 de agosto, además, culminaba la etapa de instrucción, tiempo que tiene la Fiscalía para investigar, recabar más pruebas y vincular a sospechosos. 

El caso Blanqueo JR ha expuesto la complejidad de las operaciones de lavado de activos en las que estaban involucradas figuras clave del narcotráfico. La inclusión de Boris en este caso sugiere su presunta participación en la organización y mantenimiento de esta red criminal.

Alias Boris se enfrenta a un proceso en el que podría recibir una condena de tres a cinco años de prisión, de ser hallado culpable del delito de tenencia y porte de arma, bajo el inciso segundo, como establece el artículo 360 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). 

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En el primer día de juicio, los testigos llamados a su favor alegaron que el arma le fue supuestamente implantada y que además habría sido víctima de tortura. Los declarantes fueron advertidos de sanciones en caso de no decir la verdad. 

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