Indignación. Es la única palabra que describe lo que vive un grupo de padres de familia, quienes descubrieron que en la unidad educativa en la que tienen a sus hijos se cometieron posiblemente abusos sexuales.

El implicado sería el conserje de este lugar, ubicado en el norte de Quito. Para exigir respuestas, los representantes de los estudiantes acudieron ayer 26 de abril, pero no encontraron a nadie a quien reclamar.

Una madre de familia detalló a EXTRA que se enteraron de lo ocurrido por la versión de otros padres el pasado martes. Ese día fueron a la unidad educativa y las autoridades del plantel les manifestaron que ya se estaba dando acompañamiento a los afectados, pero nada más.

“En esa reunión nos enteramos de que la institución supuestamente tenía una carencia de profesores. Y por ello había ocasiones en las que nuestros hijos quedaban a cargo del conserje”, indicó la mujer.

El procedimiento

A pesar de la insistencia de los manifestantes, no hubo autoridades que llegaran a dar mayores detalles de lo ocurrido. Otra progenitora que tiene a sus hijos en esa unidad educativa contó que el conserje está detenido, aunque existe la posibilidad de que salga libre.

En su desesperación los presentes se contactaron, vía telefónica, con Lorena Peñaherrera, directora nacional de Democracia y Buen Vivir del Ministerio de Educación. La funcionaria los citó para mantener una reunión al mediodía de ayer.

El objetivo era guiarlos en una situación de este tipo. En la conversación telefónica, en la que estuvo presente este medio, la funcionaria les dijo que podían poner una denuncia en Fiscalía. Además, les aseguró que se contactarían con el distrito educativo correspondiente para pedir una explicación. “La institución educativa debería informarles qué es lo que está pasando y lo que va a hacer”, les indicó la funcionaria, a quien le contaron el número de víctimas que habría.

Según los progenitores, se ha contabilizado que son cuatro los niños afectados, de entre 3 y 4 años, del área de Inicial. Sin embargo, ha corrido la información de que otros chicos, de primero hasta sexto de básica, también estarían entre las víctimas.

Todo esto habría estado ocurriendo desde noviembre del año pasado. Por el momento, la institución no ha emitido un comunicado formal sobre el hecho. Incluso sus cuentas en Facebook e Instagram fueron borradas.

La Defensoría del Pueblo llegó

Luego de que el caso se difundió, a la institución educativa llegó Miguel Chimborazo, delegado provincial de la Defensoría del Pueblo, para explicar que desde la entidad también se daría acompañamiento y se haría una investigación sobre los hechos denunciados.

“Estamos aquí con el fin de recabar información y adoptar los procedimientos que corresponden como institución nacional que también defiende los derechos humanos”, dijo. Pese a la presencia del funcionario, tampoco hubo respuesta por parte de alguien de la unidad educativa.