Treinta días tendrán los hermanos Lamiña para preparar su defensa técnica, luego de que les formularan cargos por asesinato, tras ser detenidos como sospechosos de un linchamiento popular a unos presuntos ladrones, quienes habrían robado su volqueta en la parroquia Langos, del cantón Guano, en Chimborazo. Todo ocurrió el martes 4 de junio de 2024.

“No puede ser que ahora mi primo esté preso; tiene tres hijos pequeños. Él solo salió a ganarse la vida para ellos, y ahora está en prisión. Qué hubiese pasado si mataban a mi primo y se llevaban la volqueta y no los cogíamos a los ladrones”, gritaba una mujer entre la muchedumbre de comuneros, que pedía a la justicia que dejaran en libertad a los hermanos, en el exterior de la dependencia judicial.

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La audiencia de la familia Lamiña se hizo la noche del miércoles 5 de junio. Por las pruebas presentadas, el juez dictaminó prisión preventiva para los parientes. Como la Fiscalía se abstuvo de acusar al padre, Édgar Lamiña, lo liberaron.

Horas antes realizaron la audiencia a los sospechosos del robo de la volqueta de los Lamiña. Eran cinco sujetos, quienes fueron sometidos a justicia comunitaria, pero uno de ellos, oriundo de Guayaquil, falleció.

El juez de Guano inició instrucción fiscal y dispuso treinta días de prisión preventiva para los cuatro involucrados restantes. Uno de ellos permanecía hospitalizado.

En redes sociales, donde se han compartido videos y noticias del suceso, el debate se polariza entre quienes están a favor del escarmiento a los delincuentes, y otros que señalan que no se pueden ignorar las leyes ni retroceder como sociedad organizada.

Por su parte, Belén Llerena, psicóloga, señala que estos casos reflejan el preocupante incremento de la violencia a nivel social. “Es necesario trabajar intensamente desde la base, el hogar, dialogar con nuestros hijos; no podemos normalizar la violencia. Lamentablemente es lo que perciben las personas cada día: muertes, tiroteos, robos, lo que genera un cansancio colectivo”, señala la profesional.

Además, resalta que “las instituciones deben realizar un gran trabajo, tanto los que están obligados a brindar seguridad, así como los encargados de las políticas de salud mental de los ecuatorianos”.

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