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Alcalde de Riobamba y exfuncionario fueron vinculados al caso Altares
La Fiscalía solicitó la vinculación de Jhon Vinueza al proceso en el que se investiga una presunta asociación ilícita
El alcalde de Riobamba, Jhon Vinueza, deberá presentarse cada semana ante la Fiscalía y tiene prohibido salir del país, según lo dictaminó la jueza que conoció la solicitud de vinculación al caso “Altares”. Las mismas medidas cautelares fueron impuestas a su colaborador cercano, Lenin Fuentes, quien hasta hace dos días se desempeñaba como director de la Empresa Pública Mercado de Productores de Riobamba. Fuentes presentó su renuncia antes de la audiencia y no acudió a la diligencia judicial; en su lugar, compareció únicamente su defensa técnica.
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El alcalde Vinueza, en cambio, sí asistió a la audiencia junto a sus abogados.
La diligencia generó expectativa en la ciudad. Los alrededores de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo fueron vallados como medida de seguridad. A las afueras del edificio, un grupo de empleados municipales se apostó con carteles y una camioneta con parlantes para expresar su respaldo al alcalde. Sin embargo, durante su permanencia en el lugar, algunos de ellos agredieron verbal y físicamente a periodistas que cubrían el hecho: insultaron, empujaron y taparon las cámaras de los medios de comunicación presentes.

La Fiscalía solicitó la vinculación de Vinueza y Fuentes al proceso en el que se investiga una presunta asociación ilícita. Según las investigaciones, se habría conformado una red integrada por funcionarios municipales y concejales que, de forma coordinada, habrían intervenido en la entrega irregular de contratos, favorecimientos en procesos de adjudicación y cobros indebidos por trámites municipales.
Este caso, que se conoció públicamente el pasado 30 de enero, ya cuenta con nueve personas procesadas, entre ellas concejales y el director de Movilidad. Durante los operativos ejecutados en ese entonces, se realizaron varios allanamientos en oficinas del municipio y viviendas particulares.
La jueza a cargo aceptó la petición de la Fiscalía y, bajo el principio de igualdad, dispuso que los nuevos implicados cumplan con las mismas medidas cautelares que se aplicaron a los procesados inicialmente.
La instrucción fiscal continúa en marcha y está previsto que concluya el próximo 30 de mayo.
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