El último estado de excepción decretado por el Gobierno Nacional llegó a su fin, dejando en los ecuatorianos una sensación de desprotección y agotamiento ante la repetida ‘receta’ para combatir la inseguridad. Los índices de violencia, contrarios al discurso oficial que insiste en que han disminuido, siguen siendo elevados, especialmente los asesinatos derivados de enfrentamientos entre organizaciones criminales, que no cesan.

No es por pura crítica que expertos en seguridad, tanto nacionales como internacionales, han sugerido que esta medida, basada en el despliegue de policías y militares en las provincias más conflictivas para frenar la delincuencia, está agotada. Señalan que, con el tiempo, su efecto se ha debilitado, en comparación con el momento en que se declaró el conflicto armado interno. Por ello, insisten en la necesidad de desarrollar una verdadera agenda de seguridad (y no el ya conocido Plan Fénix), para que las fuerzas del orden puedan cumplir funciones más disuasivas.

Ecuador no necesita más ‘recetas’ repetidas que no mejoran la salud de este ‘enfermo’. Es necesario combatir al crimen organizado sin afectar la movilidad de los ciudadanos, los negocios ni el turismo. Urge fortalecer y mejorar los mecanismos de inteligencia, estar un paso adelante de los criminales; no llegar solo cuando, a su paso, han dejado inocentes sin vida en las calles.