Uno de los graves efectos de la pandemia de COVID-19 en todo el mundo ha sido, indudablemente, el que algunos millones de personas se hayan quedado sin sus medios de sustento, al ser despedidos de sus empleos debido a la falta de ingresos, lo que ha traído consigo la paralización provocada por las medidas de restricción que redujeron a un mínimo los ingresos, tanto en los organismos públicos como en las empresas privadas.

En nuestro país, donde la alarmante cifra de desocupados llega a más de 1’100.000, el Gobierno ha tratado de algún modo de paliar esta problemática.

Y es así como a través del IESS se ha presupuestado una cantidad de dinero para ser destinado al seguro de desempleo, que hasta el momento ha costado al fisco 22,5 millones de dólares (que ha beneficiado a 34.154 ciudadanos), habiéndose destinado 90 millones para el mismo fin en los meses que restan del presente año. Este monto se podrá financiar con base en el préstamo de los 6.500 millones de dólares que nos ha concedido el FMI, y cuya primera entrega ha sido de 2.000 millones.

Debemos tener la esperanza de que, concluidos los efectos de esta peste que nos llegó desde la lejana China, con la reanudación plena de actividades y el reingreso de capitales, el problema del desempleo se vaya superando poco a poco dentro del proceso de recuperación.