El comercio ‘estira la pata’ en medio de las pérdidas económicas y la incertidumbre futura que dejan los apagones de hasta 10 horas por día. Sin tener acceso a los recursos necesarios para paliar los efectos, son los pequeños negocios los que están aguantando las peores consecuencias. Este sector se está viendo obligado a paralizar sus actividades, debilitando así las bases de una economía ya tambaleante.

El Gobierno no debe quedarse impávido, resignándose a creer que este es un efecto ineludible de una crisis que afecta a todos. Es su obligación precautelar que no se rompa esa cadena productiva, que inicia y se sostiene con el funcionamiento de pequeños emprendimientos. El comercio requiere de una dosis de oxígeno, que debe suministrarse a través de compensaciones que vayan más allá de no cobrar las tarifas eléctricas por un servicio ineficiente o que no se recibe. Lo contrario sería enfrentar las consecuencias ya vividas en la pandemia, como el cierre de locales, deudas impagas, falta de inversión y aumento del desempleo.

Si las cuentas fiscales, como dice el mismo Gobierno, ya se han estabilizado, entonces es hora de revisar la carga fiscal para este segmento, que ya ha sido golpeado por un menor consumo de los hogares y en un contexto de inseguridad.

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