En Ecuador no existen políticas de Estado que permitan la continuidad de las condiciones económico-jurídicas que favorezcan la inversión ni que garanticen estabilidad para el desenvolvimiento productivo, comercial, turístico, exportador, etcétera, independientemente de la ideología de los diferentes gobiernos que se alternen en el tiempo. Tampoco las hay para educación, salud, innovación o conectividad, y esta falencia se replica en los gobiernos seccionales.

¿Cuántos alcaldes electos han llegado, al asumir funciones, con un plan posible y medible para ser implementado a corto, mediano y largo plazo? Y de existir dicho plan, ¿qué medidas toman para elevarlo a estrategia permanente, de modo que la siguiente administración lo mantenga para constituir la ruta idónea y así alcanzar los objetivos de ciudad? ¿Hacia dónde se proyectan nuestras ciudades a futuro, considerando las implicaciones de la globalización, cambio climático, escasez de recursos, sostenibilidad, ataques de la delincuencia organizada, necesidades de la región o ventajas competitivas?

Por el desempeño de la mayoría de alcaldes, parecería que estos cuestionamientos ni siquiera aparecen en su lista de prioridades, encabezada, eso sí, por la decisión de aprovechar la ‘oportunidad de resolver sus problemas financieros personales’ ni bien llegan al poder.