No fui yo, fue teté. O, lo que es lo mismo, esto no es mi responsabilidad, es del otro. En ese ‘juego’ absurdo parecen perderse los reclamos de los ciudadanos en muchas localidades urbanas y rurales del Ecuador, a la hora de exigir obras.

Y es que, entre la población, es evidente que no existe claridad acerca de las competencias exclusivas de las prefecturas, con poco poder político y que depende, muchas veces, de los municipios y del Gobierno central para ejecutar obras en los territorios.

Aunque el Código Territorial aclaró competencias exclusivas y concurrentes, como el desarrollo económico y productivo de las provincias, con un enfoque claro hacia la zona rural para beneficio de los agricultores y campesinos, el sentir actual es que las prefecturas hacen poco, porque ni siquiera disponen de los recursos que les permitan mejorar la red vial secundaria y la de caminos vecinales, que lucen desatendidas.

Ante esta realidad, el país debe comenzar a pensar en cómo eliminar niveles de gobiernos que en la práctica resultan innecesarios. Los recursos que manejan ahora las prefecturas bien podrían convertirse en dependencias del Gobierno central o ser manejados por las alcaldías, que pasarían a ser responsables absolutas de toda la extensión territorial que conforman los cantones, tanto en el área urbana como en la rural.