El Gobierno y el COE Nacional han tenido que recurrir a un nuevo estado de excepción con severas restricciones impuestas por la bioseguridad ante el anuncio de la aparición de una nueva cepa de la COVID-19, que aunque no tiene poder de letalidad, según la Organización Mundial de la Salud, sí tiene un mayor efecto en cuanto a la transmisión del virus.

Estas medidas, tendientes a proteger a la población de un mayor contagio, han provocado efectos de gran impacto en la economía que incluye la pérdida de algunos miles de millones de dólares (solo entre marzo y mayo, el sector productivo perdió $ 14.101 millones) tanto en el sector público como en la empresa privada. Y, por supuesto, significará un notable aumento en la tabla de desempleo que hasta la fecha mantienen en la desocupación a más de un millón de ecuatorianos.

Cuando las empresas que tienen que ver con la actividad turística se estaban preparando para recuperar en algo todo lo que se había perdido en estos largos meses que se ha tenido que luchar contra la pandemia, con motivos de las fiestas de la Navidad y Año Nuevo, las nuevas medidas echan al suelo todo este intento de recuperar en algo lo perdido e incluso se suman nuevas pérdidas ante las inversiones que se llevaron a cabo para recibir a las miles de personas que en este mes acostumbran a visitar los balnearios, ahora cerrados, y otros sitios de atracción turística.