El combate a la delincuencia común y al crimen organizado no puede hacerse con militares patrullando los centros comerciales o recorriendo las calles en camiones, como si con la visualización de sus uniformes y sus fusiles pudieran disuadir el accionar de los grupos terroristas que operan en el país, que cuentan con más tecnología y armamento por el poderío económico que los sostiene.

Las acciones de las Fuerzas Armadas deben responder a una planificación estratégica e integral, elaborada por expertos en seguridad y lucha antiterrorista, que vaya acompañada con informes de inteligencia militar y policial, los cuales indiquen con claridad los lugares de adiestramiento y operación de los terroristas, la identidad de los integrantes de las células y los objetivos que persiguen, con el fin de neutralizarlos.

No se puede continuar actuando con liviandad ni improvisación contra las bandas que están desangrando al Ecuador, ahuyentando la inversión interna y externa, y obligando a la migración por el miedo a ser víctimas directas o colaterales de la criminalidad.

Al terrorismo se lo combate con estrategia, inteligencia y con una fuerza pública comprometida con los altos intereses ciudadanos, que responda con acciones contundentes y no con patrullajes improvisados.