Ante la nociva persistencia de la pandemia del COVID-19, cuya curva de contagio no solo que se ha mantenido y que en algunas ciudades y provincias del país sigue creciendo, el presidente de la República anunció esta semana que su gobierno había decidido prolongar por 60 días más, es decir hasta el 16 de agosto próximo, el estado de excepción en todo el país.

La medida necesariamente reiterativa implica que la población ecuatoriana deberá mantener las mismas normas de protección sanitaria, recluyéndose en sus hogares mientras la movilización vehicular y peatonal seguiría aún reprimida, aunque en determinadas zonas del país se ha dispuesto bajar, en la semaforización establecida, del color rojo, el más severo, al color intermedio que es el amarillo.

Se trata de la tercera declaración de excepción de este año: la primera dictada el 16 de marzo y la segunda el 15 de mayo. Sin embargo, el Comité Empresarial Ecuatoriano había solicitado al Comité de Operaciones de Emergencias (COE) flexibilizar las actividades dentro de lo laboral y en la circulación en las vías públicas desde la próxima semana. Todo ello para tratar de reactivar un proceso de recuperación económica (pública y privada) tras las grandes pérdidas de miles de millones de dólares que han aumentado, además, la tasa de desempleo que se agravó aún más con la poda de las instituciones públicas que dejó sin sus puestos de trabajo a miles de burócratas.