Es indudable que la prensa, contando ahora con herramientas modernas para cumplir con su cometido a través de la televisión, la radio, los medios impresos y las redes sociales, ha venido desarrollando a través de la comunicación y el comentario de la noticia, una importante labor en defensa a la libertad de expresión, es decir el derecho que tienen los ciudadanos para dar a conocer sus opiniones que deberán ser criticadas tan solo por la comunidad.

Desgraciadamente los gobiernos autoritarios han impedido muchas veces que esta libertad colectiva se exprese, ya por medio de decretos o acciones violentas contra los propios comunicadores. Precisamente en Ecuador se armó un artículo en la Ley de Comunicación, durante el régimen correísta, que impuso al periodismo una pena por calumnias (calificadas así cuando la opinión de la prensa no coincidía con la del Gobierno) que consta en el Código Orgánico Integral Penal.

El nuevo mandatario, Guillermo Lasso, cumpliendo una de sus promesas, esto es establecer una auténtica democracia, envió a la Asamblea Nacional una nueva Ley de Libertad de Expresión y derogó el amenazante artículo -de 90 que se propone borrar- que atentaba contra el derecho del periodista de comentar de manera crítica las acciones y pronunciamientos del Gobierno. Pero no hay que olvidar que la libertad de expresión se ejerce con responsabilidad.