“Por donde se aprieta sale pus” es una vieja expresión, no precisamente de alcances médicos, que vale ser aplicada en estos momentos en nuestro país, cuando la Fiscalía General del Estado y la Contraloría establecen posibles responsabilidades penales en las investigaciones por peculado en los hospitales públicos por supuestos sobreprecios en la compra de insumos médicos para enfrentar el coronavirus.

Es tan grave la corrupción que funcionarios de importantes organismos públicos, nacionales y seccionales están involucrados en esta suma inacabable de negociados.

Y así tenemos bajo la severa mirada de la justicia a un expresidente de la República, al alcalde de Quito, al prefecto del Guayas, a altos directivos del IESS y de la Policía, gerentes de las casas de salud, amén de un sinnúmero de directivos de empresas fantasmas que operaban con la complicidad y el visto bueno de algunos altos mandos del Ejecutivo y el Legislativo.

Se espera que la justicia no decaiga en ningún momento en estos procesos para que sigan adelante y hasta logren que se recupere algo de los millones de dólares que se han perdido por culpa de la corrupción.