Es indudable que la paralización de actividades producidas por la emergencia sanitaria que trajo consigo la pandemia del coronavirus ha producido una alta tasa de desempleo, con más de un millón de ciudadanos que han sido despedidos por la falta de ingresos en las empresas privadas y públicas.

Además ha provocado una tremenda iliquidez en el presupuesto estatal, lo que impide al gobierno cumplir puntualmente con el pago de sueldos a un gran número de burócratas que, sobre todo en el sector de la salud y educación, no reciben sus remuneraciones desde hace dos meses. Por ello han hecho plantones y movilizaciones, situación que ha obligado a pronunciarse de la misma manera a los militares retirados.

Esta situación de crisis amenaza al organismo de protección social, que ha perdido gran parte de sus entradas económicas porque con el desempleo reinante decenas de miles de empleados han dejado de aportar al IESS y estos mismos se han acogido al pago del seguro de desempleo, además de que el sector patronal también se mantiene moroso en sus aportaciones.

Esto significa que los fondos que tenían que acumularse para el pago de las pensiones a los jubilados del organismo cada vez sean menores, poniendo en peligro el cumplimiento de dichos pagos a los mayores de la tercera edad. Hay que considerar que solamente en Guayaquil 1.800 jubilados se han inscrito en los talleres de atención al adulto mayor, que por la crisis económica ha bajado su productividad.