Las masacres, que se han vuelto cotidianas porque la fuerza pública ha demostrado su incapacidad para evitarlas, alimentan el miedo en la población y su deseo de migrar a tierras lejanas. El sentir de no estar seguro en ninguna parte alcanza a todos los estratos de la sociedad, secuestrados por la violencia y la inseguridad, porque no hay autoridad que les ponga freno.

Los grupos criminales aprovechan las debilidades del Gobierno y el despiste de los miembros de la Fuerza Pública, incluso el escenario político y las próximas elecciones, para atacar a sus rivales sin que les importe el espacio ni las víctimas colaterales que puedan dejar con tal de conseguir sus objetivos.

El hecho de que se utilice a mujeres y niños como escudos de protección alimenta el terror ciudadano, pero también la exigencia de la sociedad de una protección que debe llegar del Estado a través de sus instituciones y eso incluye a la Función Judicial y a los recién posesionados alcaldes del país.

El actual estado de las cosas, de un escenario funesto que aleja la producción y el turismo, no debe ser aprovechado por los precandidatos para promocionarse como los salvadores de la patria. La violencia y la inseguridad en el país son las consecuencias de erradas decisiones de gobiernos anteriores.