No hay peor ciego que el que no quiere ver. Esta frase popular le cae perfecto al Ministerio de Educación y su negativa a los pedidos de padres de familia de Durán, quienes ruegan que se aplique la virtualidad de las clases en planteles, como medida preventiva por la ola de violencia.

Pero resulta ilógico y hasta indolente que el sustento para mantener la presencialidad en las aulas en este cantón, que suma 190 muertes violentas en lo que va de este año, salga de un análisis técnico de experiencias de otros países, cuando Ecuador, al ritmo que va, terminará el año como uno de los países más violentos del mundo por su alta tasa de criminalidad.

Creer que solo la calle es el escenario de enfrentamientos entre bandas y que los salones de clases son sitios inmunes a la lluvia de balas perdidas, es darle la espalda a la escalofriante cifra de 146 niños, niñas y adolescentes muertos por la ola criminal que azota no solo a Durán.

Los funcionarios del Ministerio de Educación deben dejar la comodidad de sus despachos y bajar a la realidad para entender que el reclutamiento de niños para bandas criminales también se da en los alrededores y dentro de los centros de educación. O si no, vaya y pregúntele a los maestros, quienes también lo sufren. 

Estudiar en presencialidad es un derecho, pero también lo es vivir.