El mes de octubre del año pasado tuvieron lugar en varias ciudades del país, sobre todo en Quito, violentas protestas llevadas a cabo y lideradas por organizaciones indígenas que rechazaban el alza del precio de la gasolina. Sobre todo, luego de que el gobierno ordenara eliminar los subsidios a los combustibles. En los enfrentamientos entre los manifestantes llegaron a la capital desde varios puntos de la Sierra y el Oriente, y como resultados hubo muertos y heridos por lo que se creó una Asociación de Víctimas del Paro Nacional que ahora, a través de la Conaie, ha denunciado al Estado de delito de lesa humanidad.

Mientras los demandantes afirman que durante las protestas se produjeron 11 muertes y más de 300 heridos, como respuesta el gobierno asegura que militares y policías también fueron víctimas de la violencia fomentada por los manifestantes. La Conaie ha planteado frente a la Fiscalía General la demanda a nombre de quienes se consideran víctimas de la violencia de los uniformados, además los dirigentes de la Conaie, Leonidas Iza y Jaime Vargas, se consideran como perseguidos políticos del régimen encabezado por Lenín Moreno, ya que enfrentan investigaciones previas por sabotaje, secuestro y terrorismo. Una situación preocupante que podría llevar a nuevos actos de violencia.