Los cargos no tienen género y en el desempeño de estos hay riesgos que los seleccionados para ocuparlos, sean mujeres u hombres, deben estar dispuestos a asumir.

Las autoridades locales o nacionales, sean de control o no, elegidas por voluntad popular, concurso público o cualquier otra modalidad de selección, siempre van a estar sometidas al escrutinio público porque deben responder a los intereses del pueblo, porque están obligados a cumplir con las normativas vigentes y porque sus salarios y todos los demás gastos que generen sus actividades, mientras estén en el ejercicio del cargo, se financian con recursos que salen de las arcas fiscales, las cuales se alimentan con el pago de impuestos de la población contribuyente.

Que una funcionaria pública se defienda de los cuestionamientos a su gestión con el argumento de que constituyen violencia política de género, es que no ha entendido que estos no tienen nada que ver con ser mujer, sino con el buen o mal desempeño que ha tenido.

La eficiencia y la probidad de una autoridad tampoco se miden por el nombre, la raza o el color de la piel, sino por sus actos y por las consecuencias que estos generen en beneficio o en perjuicio de la población ecuatoriana. Y por si se rigen o no a lo dispuesto por la ley vigente.