No solo es millonario el gasto anual en custodia policial para los privados de libertad, sino que mientras más uniformados estén destinados a esta vigilancia, menos quedarán para cumplir con la protección ciudadana.

Son muchos los artilugios utilizados por la defensa de los investigados o procesados para lograr el arresto a domicilio o atención en los hospitales por supuestas enfermedades, con lo que obligan al malgasto de una vigilancia estatal, mermando los recursos que deben ser destinados a otros menesteres vitales para la seguridad del pueblo.

Con cada policía que se saca del patrullaje de las calles se está dejando de atender a barrios que claman por protección ante la criminalidad y la delincuencia reinantes.

Provoca indignación que más se cuide a los delincuentes o corruptos que han arruinado las finanzas públicas, que a quienes realmente lo necesitan. Asimismo, el país no tiene tantos policías ni recursos para destinarlos al cuidado de alcaldes, prefectos y demás autoridades nacionales y locales, entre ellos jueces y fiscales, que deberían hacer uso de agentes municipales. El Estado tampoco puede continuar pagando el cuidado de exgobernantes y exautoridades que empobrecieron al país.