El juicio político que le siguió la Asamblea a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, se cumplió en medio de una gran expectativa nacional el martes pasado, con un resultado que no se lo consideraba tan predecible, ya que se logró superar los votos (104 a favor) que exige la ley para que se cumplan las sanciones de censura y destitución de un miembro del gabinete. A pesar de que Romo hizo una larga exposición, presentando los argumentos que la justificaban en los actos que la mayoría legislativa ha considerado represivos durante las manifestaciones de octubre del año pasado, las bancadas demostraron una gran unidad, lo que significa un claro rechazo a las políticas administrativas y de seguridad seguidas por el actual régimen.

Esto significa que entre los dos más importantes poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, existe un enfrentamiento que no solo se va a mantener, sino que va tomando más fuerza hacia el próximo mes de febrero en que se realizarán las votaciones para integrar a los dos poderes en pugna y que las fuerzas de la oposición quedarán vigorizadas con mayor poder en las urnas.

La destitución de la ministra supone un duro golpe político para el presidente, Lenín Moreno, ya que Romo era, desde 2018, su mano derecha y la cara más visible del Ejecutivo.