La infiltración de grupos criminales en las instituciones del Estado ha alcanzado un nivel alarmante que no puede ser ignorado. Desde 2010, doce grupos criminales han firmado 97 contratos con el Estado por más de 13 millones de dólares, lo que pone de manifiesto la penetración del narcotráfico en las estructuras más altas del poder. Esto revela una total desarticulación y falta de coordinación, o complicidad, entre los organismos encargados de supervisar estas relaciones contractuales.

Es especialmente grave que, a pesar de la magnitud de este problema, quienes fueron parte de los últimos gobiernos permanezcan en silencio, sin ofrecer respuestas claras sobre cómo se permitió que el narcotráfico ganara terreno en el corazón del Estado. La infiltración de estas organizaciones no solo compromete la seguridad del país, sino que socava la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de velar por el bienestar y la justicia.

Esta crisis pone en evidencia la urgencia de restablecer el control del Estado y garantizar que los organismos de control y seguridad trabajen de manera efectiva y coordinada para erradicar esta amenaza. El problema es que todos los que han llegado a Carondelet han ofrecido acabar con la corrupción en todas sus formas, pero ya vemos, han pasado sin pena ni gloria.