Se acabó el período de gracia. La primera crisis del nuevo Gobierno resultó un tremendo golpe que ha dejado tambaleantes a los responsables de la seguridad, tanto que hasta sin respuestas claras se han quedado. Así nomás, el país ve cómo la credibilidad del Plan Fénix se cae a pedazos. Esto puede comenzar a jugar en contra del presidente de la República.

¿Qué ha cambiado entre el gobierno pasado y el actual en seguridad? Poco o nada, pues los ecuatorianos pasamos de los eternos estados de excepción, que ningún resultado dieron, porque los índices de violencia criminal, más allá de disminuir, se dispararon al punto de colocar al país como el más violento de América Latina al terminar el 2023; al secretismo de un plan de seguridad que evidentemente -si es que existe- no tiene la fuerza para continuar su vuelo y que genera más escepticismo, porque los ciudadanos no sienten que la situación haya mejorado, más bien todo lo contrario. Y parece que no parará.

Los ecuatorianos seguimos esperando la depuración de las filas militares y policiales, pero también de servidores públicos corruptos que continúan enquistados en entidades estratégicas para filtrar información a los criminales. Es fundamental para el Estado tener a un aparato de seguridad que responda a los intereses ciudadanos. Ello implica descubrir qué uniformados están al servicio del crimen y del narcotráfico.