No causa extrañeza que sea uno de los exabogados del expresidente de la República sentenciado por corrupción, que ganó las elecciones, aupado por el correísmo, el que lleve adelante una acción de descrédito contra la fiscal general del Estado. Tampoco sorprende que uno de sus acusadores sea familiar de un exfuncionario de la Defensoría del Pueblo, procesado por actos de corrupción y abuso sexual, porque esa ha sido la forma de ataque de quienes gobernaron al Ecuador durante una década.

La proterva intención del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de deslegitimar a la fiscal devela el inicio de un plan político diseñado para sacar de sus funciones no solo a esta autoridad, sino a todos los titulares de los organismos de control porque estos no responden a sus intereses.

El Consejo quiere atribuirse una facultad que no tiene: la de sancionar o destituir a la fiscal general, porque aquello solo está reservado para el organismo que realiza el control político, que es la Asamblea Nacional.

El país y las instituciones de control no pueden permitir que protervos intereses partidistas y de grupo se antepongan a los de todos los ecuatorianos.