La fiscal general, Diana Salazar, que ha venido cumpliendo sus tan celosas funciones con severidad e imparcialidad, ha dejado conocer su inquietud frente a las actuaciones de determinados funcionarios del Poder Judicial. Y ha expresado, en ese sentido, “tener mucha preocupación por el hecho de que algunos ciudadanos continúan gozando del respaldo de quienes les deben ciertos favores”. No ha dado, al respecto, ni nombres ni alusiones directas que comprometan a ciudadano alguno, agregando que tal situación impide que desde tan altas funciones que ejerce se lleven a cabo procesos judiciales con agilidad y transparencia.

Por supuesto, el presidente de la República, Guillermo Lasso, que comanda todo un ejército de funcionarios públicos, algunos de los cuales pudieran verse afectados por las declaraciones de Diana Salazar, ante el cauteloso silencio de las autoridades de justicia frente a esta denuncia, ha solicitado precisar si algún funcionario del gobierno que preside ya por más de tres semanas ha ejercido algún tipo de presión para favorecer a amigos o parientes que hubiesen sido enjuiciados.

Además, desde otros sectores del actual régimen y sobre todo desde la Comisión Anticorrupción se asegura que por ser preocupante lo que ha declarado la fiscal del Estado se exige concreten hechos y nombres para que se hable con absoluta claridad. Agregando que la Fiscalía ni cualquier otra autoridad debe estar sometida a ningún tipo de presión, venga de donde viniera...