Dice una vieja expresión popular, que también podría considerarse como un adagio, que “lagarto que traga no vomita”. Y se refiere a todos aquellos dineros o bienes obtenidos por actos de corrupción.

Para ello, la Asamblea Nacional ha elaborado la llamada Ley de Extinción de Dominio, mediante la cual la justicia no solamente persigue para encarcelar a los responsables sino también para obligarlos a devolver lo mal llevado, es decir los dineros que sirven para el funcionamiento del Estado, sobre todo a aquellos que aprovecharon el coronavirus para trampear de lo lindo con los hospitales, y tristemente no hablamos de un caso aislado, sino de varios y semana a semana va descubriéndose uno nuevo.

La ley, posiblemente aducirán los implicados en ilícitos, no podría tener efecto retroactivo, es decir que funcione solamente hacia el futuro.

Sobre esta situación, la legislación deberá ser clara y concisa para que no se salven los corruptos que se llevaron los dineros del pueblo ecuatoriano. Es decir, que se tome en cuenta toda la corruptela que se ha llevado a cabo los últimos meses, para que algo se recupere con la aplicación de la ley.

Son, pues, los legisladores los que tienen en este momento la última o definitiva palabra al respecto.