Una gran marcha de protesta integrada por alumnos, docentes y empleados de la Universidad Central se llevó a cabo en el transcurso de esta semana debido al significativo y atentatorio recorte de fondos dedicados a la educación superior del país en el presupuesto fiscal. Esta rebaja de ingresos vino acompañada con la ‘poda’ o anulación de organismos que durante años prestaron imprescindibles servicios al Ecuador, como la empresa de ferrocarriles y el Correo Nacional.

Los manifestantes capitalinos, a la vez, reclamaban por la falta de pago de sus haberes, que el gobierno les adeuda desde el pasado mes de agosto, a lo que habría que agregar una serie de despidos de profesores, empleados y trabajadores universitarios que quedaron, de la noche a la mañana, sin medios de sustento.

Es indudable que la paralización de actividades provocada por la pandemia de COVID-19 ha derivado en una gran iliquidez en los fondos fiscales (a más de las pérdidas producidas en las empresas privadas de miles de millones de dólares), pero es del caso anotar al respecto que la actividad universitaria, sobre todo, no puede ser afectada por tal crisis económica y, por ende, el gobierno debe buscar de alguna manera solventar los fondos para restituir lo perdido, aunque no se produzca el incremento que merece esta actividad educativa.