Es indudable que el próximo gobierno nacional, que pasará a regir los destinos del país en 2021, tras las elecciones que se realizarán en febrero, cuyo proceso se encuentra en marcha bajo la dirección del CNE, deberá afrontar muy graves problemas, sobre todo del tipo económico y social, tomando en cuenta la preocupante situación de iliquidez fiscal que ha venido creciendo desde hace unos años.

Esto aumentó ahora por los efectos de la pandemia del coronavirus, que no solo paralizó a la sociedad, sino que generó la carencia de ingresos y movilidad, tanto a los organismos públicos, como a las empresas privadas.

Sin embargo, de esta realidad que se va a presentar luego del cambio de mando, extrañamente, como nunca en el Ecuador, ha existido un notable número de aspirantes, batiéndose todo un récord, tanto nacional como internacional en la inscripción de binomios (que llegaron a 18) en el organismo electoral.

El nuevo mandatario, pues, no solo tendrá que afrontar las duras condiciones a las que no ha sometido el FMI, con el aumento del IVA y una severa tributación, tras la otorgación del préstamo que se está entregando por partes, sino también las formas que tienen que ver con lo laboral, lo tributario y la seguridad social.